En un país que durante décadas fue referente regional en vacunación, hablar hoy de desabasto de vacunas no solo resulta alarmante: es profundamente vergonzoso. México, que presumía coberturas superiores al 90 % y campañas ejemplares, enfrenta ahora una realidad que golpea con más fuerza a los estados, y Coahuila no es la excepción.

La falta de vacunas ya no es un rumor de pasillo ni una anécdota aislada. Es una experiencia cotidiana para madres, padres, adultos mayores y personal médico que recorren centros de salud con una respuesta repetida hasta el cansancio: “no hay dosis”. Cartillas incompletas, esquemas interrumpidos y una incertidumbre que erosiona uno de los pilares más básicos de la salud pública: la prevención.

El problema no nació de la noche a la mañana. El desabasto tiene causas claras, aunque incómodas. La primera es la centralización extrema de las compras. Al eliminar intermediarios sin construir una alternativa eficaz, el sistema se volvió lento, rígido y vulnerable. Los procesos de adquisición se retrasaron, las licitaciones quedaron desiertas y la logística nacional se convirtió en un cuello de botella que ahoga a los estados.

A ello se suma una planeación deficiente. Vacunar no es improvisar: requiere proyecciones demográficas, calendarios claros, contratos a largo plazo y coordinación internacional. Nada de eso funciona cuando se gobierna con ocurrencias o se subestima la complejidad de un sistema que antes operaba con precisión casi quirúrgica.

En Coahuila, las consecuencias son particularmente visibles. Un estado industrial, con alta movilidad laboral y miles de familias jóvenes, no puede darse el lujo de fallar en inmunización. Cada vacuna que no se aplica es una puerta abierta a enfermedades que creíamos superadas. Cada niño sin esquema completo es una alerta epidemiológica silenciosa. Cada adulto mayor sin refuerzo es un riesgo evitable.

Pero quizá lo más preocupante no es el desabasto en sí, sino la normalización del problema. Se ha querido instalar la idea de que “falta en todo el mundo”, de que “ya llegará”, de que “no es tan grave”. Sí lo es. Porque cuando el Estado falla en garantizar vacunas, no solo falla la política pública: falla el contrato social más elemental.

La vacunación no es un lujo ni una dádiva. Es una responsabilidad constitucional, una obligación ética y una inversión que ahorra sufrimiento y recursos. Lo que hoy se deja de comprar, mañana se paga con brotes, hospitalizaciones y vidas en riesgo.

México no necesita discursos tranquilizadores ni culpables del pasado. Necesita volver a hacer lo que sabía hacer bien: planear, comprar, distribuir y vacunar. Y hacerlo con urgencia, con transparencia y con responsabilidad.

Porque un país sin vacunas no solo está desprotegido. Está renunciando, silenciosamente, a cuidar a los suyos. Sin duda es algo a lo que la federación debería poner atención, en mi humilde opinión.