Sabemos que si cometemos un delito, después de un apropiado juicio, nos pueden ingresar a prisión, a veces las personas que están en un juicio se escapan del país o interfieren con las actividades de investigación con el fin de escaparse de su castigo.

Por eso la constitución tiene la prisión preventiva justificada: así el acusado ingresa a prisión antes de ser sentenciado para no estar de latoso. Pero hay algunos delitos en los que basta que te investiguen para meterte a prisión en automático, esto es: la prisión preventiva oficiosa.

¿Y qué tiene que ver esto con los contadores?

Bueno entre los delitos con orden de protección personal (PPO), hay delitos fiscales y si se te investiga por alguno, vas a prisión preventiva, bueno, más bien «ibas», ya que la SCJN recién voto en contra de la prisión preventiva oficiosa para castigar delitos fiscales.

Lo que no entendemos es la justificación del ministro presidente Arturo Zaldívar, quien señala que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, no deban castigarse con prisión, al considerar que está atenta contra los derechos humanos de los implicados, señalando que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos.

Por favor que alguien le diga a Zaldívar que las personas de escasos recursos no obtienen ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales, ni rentan bienes inmuebles, no realizan actividades empresariales, mucho menos perciben intereses, por lo cual ni siquiera encienden las alarmas para ser sujetos a investigar por el SAT, lo que nos deja claro que lo que quieren evitar, es que estén tras las rejas todos aquellos sujetos con cuentas millonarias que no quieren pagar sus impuestos y aplican todo tipo de mecanismos para evadir al fisco.

Lo que sí le pedimos a Zaldívar es que se defina bien, ya que primero señala que todo va en “pro” de proteger los derechos humanos, pero tan solo unos días después le dijo sí a la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza en las manifestaciones públicas, y que solo exenta a aquellas que sean lícitas, pero que deja demasiadas lagunas y vacíos que dan pie a la violación de los derechos humanos de aquellos ciudadanos que buscar alzar la voz, por inconformidades que siempre van apegadas a una injusticia y que ahora abre la puerta a atentar contra la libertad de expresión y una posible militarización del país, una ley avalada por la SCJN que pretende callarnos o llevarnos a prisión si alzamos la voz.

¿Entonces quién lo entiende?