Andrés Manuel López Obrador siempre tuvo una relación muy sencilla con la corrupción: cuando la cometían los adversarios era un escándalo nacional que exigía investigaciones, renuncias y hasta anular elecciones; cuando las denuncias alcanzaban a los suyos, entonces aparecían los “conservadores”, los “golpistas”, los “enemigos de la transformación” y, por supuesto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Curiosa enfermedad política: la indignación desaparece justo cuando cambia de domicilio.

Hace algunos años, cuando investigaciones periodísticas como La Estafa Maestra exhibían mecanismos de desvío durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, López Obrador no tuvo inconveniente en aprovechar políticamente los hallazgos. Ya como presidente llegó incluso a sentenciar que, en un sistema presidencialista, “todos los presidentes saben lo que sucede”. Magnífica frase. Conviene conservarla, porque quizá algún día termine explicando también lo ocurrido durante su propio gobierno.

El problema comenzó cuando MCCI siguió haciendo después de 2018 exactamente lo mismo que hacía antes: investigar al poder. Sólo que ahora el poder tenía otro color. Y entonces la organización dejó de ser útil para denunciar la corrupción y pasó a convertirse, desde el discurso oficial, en una especie de conspiración nacional. No cambió MCCI; cambió el investigado.
La revelación más reciente explica perfectamente tanta molestia.

Una investigación de MCCI documentó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dispersó mediante Financiera para el Bienestar 134.9 millones de pesos en 252 mil 901 pagos durante 2024. El mecanismo provenía de un contrato firmado en 2022, cuando Mario Delgado dirigía Morena. Lo realmente llamativo es que los pagos se multiplicaron espectacularmente justo en año electoral: en 2023 habían sido 12 mil 727; en 2024 fueron más de 252 mil. Seguramente fue casualidad.

Cada beneficiario recibió en promedio 533 pesos bajo el concepto de “apoyo económico”. El problema es que MCCI no encontró esos 134.9 millones identificados en los reportes de gastos ordinarios ni de campaña presentados por Morena al INE. Además, una auditoría del Órgano Interno de Control señaló que no se identificaron acciones o protocolos relacionados con la legislación para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.nY entonces aparece un fantasma que López Obrador conoce perfectamente: El MonexGate.

En 2012, el PRI fue acusado de utilizar tarjetas y monederos electrónicos durante la campaña de Enrique Peña Nieto. La autoridad electoral determinó una dispersión de 70.8 millones de pesos. López Obrador denunció aquello como posible financiamiento ilegal y exigió investigar e incluso anular la elección. Dieciocho años después, el esquema documentado alrededor de Morena habría movilizado casi el doble.

Claro que no son casos jurídicamente idénticos y corresponde a las autoridades determinar si hubo delitos electorales. Pero políticamente la semejanza resulta incómoda: dinero distribuido masivamente, año electoral, cientos de miles de beneficiarios y recursos que no aparecen claramente reflejados en los informes revisados por MCCI. Hasta el lenguaje ayuda. El PRI tenía tarjetas. Morena tiene “apoyos económicos”. La transformación también llegó a los eufemismos.

Y hay un detalle todavía más revelador: el mecanismo no murió con Mario Delgado. En abril de 2025 Morena volvió a contratar a Finabien para realizar dispersiones semejantes, ahora bajo la nueva dirigencia partidista y con Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización.

Al final, Morena terminó pareciéndose extraordinariamente a aquello que prometió desterrar, y hasta supero con creces a su maestro. Hay que reconocer que, algún día, López Obrador tuvo razón en algo: la corrupción debe investigarse sin importar quién esté arriba. Es claro que el actual gobierno no lo va a ser, porque, de hacerlo, tendría que reconocer que fue el beneficiario directo de todos esos recursos repartidos.