Hay que reconocerlo aunque incomode a algunos: no todo lo que han hecho los gobiernos de Morena en materia laboral ha sido malo. El incremento sostenido del salario mínimo constituye un avance importante, como también lo son diversas reformas que han fortalecido derechos de los trabajadores. Incluso está en marcha la reducción gradual de la jornada laboral hacia las 40 horas semanales. Es justo reconocerlo. El problema aparece cuando uno abandona el discurso y pregunta algo bastante elemental: ¿cuántos mexicanos pueden realmente disfrutar esos derechos?

Porque para tener salario mínimo, vacaciones, seguridad social, incapacidad, guardería, crédito de vivienda o una pensión futura hay primero que conseguir un empleo formal. Y ahí comienza el enorme agujero de la política económica mexicana. En julio de 2026, 56.2% de los trabajadores mexicanos estaba en la informalidad: más de 34 millones de personas. En apenas un mes, la ocupación informal aumentó en más de un millón de trabajadores, mientras la formal disminuyó en más de 400 mil. Son personas que trabajan, sí, pero que frecuentemente lo hacen sin muchas de las protecciones que orgullosamente aparecen escritas en nuestras leyes.

El gobierno puede presumir que la tasa de desempleo es de apenas 2.9%. Magnífico, hasta que recordamos cómo funciona México: aquí millones no pueden darse el lujo de permanecer desempleados. Si no encuentran una plaza formal, venden comida, manejan un taxi de plataforma, comercian, realizan trabajos ocasionales o emprenden cualquier actividad que permita llevar dinero a casa. Nuestra baja desocupación esconde, en parte, una realidad mucho menos cómoda: México no necesariamente crea suficientes buenos empleos; crea mexicanos obligados a inventarse uno.

Y esto ocurre mientras la economía avanza con enorme debilidad. El propio Banco de México reconoce que persiste la fragilidad del mercado laboral y estima para 2026 un crecimiento económico de apenas entre 1 y 2%. El IMSS, ciertamente, registra 22.76 millones de puestos formales y mejores salarios entre quienes sí están afiliados. Pero incluso ese dato confirma el problema: frente a una población ocupada superior a 60 millones, la formalidad sigue siendo privilegio de una parte del país.

Subir salarios era necesario. Ampliar derechos también. Pero gobernar implica algo más difícil que modificar una ley: crear las condiciones para que las empresas inviertan, crezcan y contraten. Eso exige seguridad, energía suficiente y confiable, infraestructura, certeza jurídica, reglas estables, crédito y confianza para invertir. Sin empresas que crezcan no existen decretos capaces de fabricar empleos.

Morena puede seguir aumentando los derechos laborales sobre el papel hasta convertir nuestra legislación en la más generosa del planeta. Pero si cada vez más mexicanos terminan trabajando en la informalidad, tendremos trabajadores con derechos extraordinarios… a los que millones nunca podrán acceder.
El verdadero reto ya no es solamente decretar mejores empleos.

Es conseguir que existan.