Durante años, hemos venido señalando el vínculo entre Morena y el crimen organizado. Se trataba, hay que decirlo, de un secreto a voces. Algo que “todos sabían”, pero que nadie podía probar del todo. Hoy, el caso de Rubén Rocha Moya parece haber cruzado esa frontera incómoda: la de la sospecha persistente hacia la acusación formal.

La imputación presentada en Estados Unidos no es menor. No se trata de rumores ni de filtraciones aisladas, sino de un expediente judicial que señala al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios, incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas, filtrando información y ofreciendo protección institucional. Más aún, se afirma que este entramado habría operado incluso desde el proceso electoral que los llevó al poder.

Pero si las acusaciones son graves, la reacción del aparato gubernamental resulta, cuando menos, reveladora. En cuestión de horas, las distintas instancias del gobierno federal, el partido oficial y la propia Fiscalía se alinearon en un mismo discurso: descalificar el caso, exigir pruebas “contundentes” y denunciar una supuesta intromisión extranjera. La presunción de inocencia, principio fundamental del derecho, se transformó de pronto en sentencia política absolutoria.

Esto no sería problemático si no fuera porque el mismo estándar no ha sido aplicado en otros casos. Expertos han señalado que, en procesos de extradición previos, México ha actuado con menores niveles de exigencia probatoria, lo que vuelve difícil sostener que aquí se trata simplemente de una “defensa del debido proceso”. Más bien, lo que parece emerger es un patrón: cerrar filas, sin matices, cuando uno de los más cercanos está en la mira.

A ello se suma un elemento inquietante. De acuerdo con el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el caso Rocha Moya “es sólo el principio”, en lo que describen como el fin de la impunidad para quienes colaboren con el narcotráfico. Si esto es así, la pregunta deja de ser si el problema existe y pasa a ser qué tan profundo es.

Porque si algo revela este episodio no es únicamente la posible implicación de un gobernador, sino la fragilidad institucional de un país que, frente a acusaciones de esta magnitud, opta por la defensa automática antes que por la investigación rigurosa. En lugar de abrir, se cierra. En lugar de esclarecer, se descalifica.

Las preguntas, entonces, son inevitables. ¿Quiénes más están involucrados? ¿Bajo qué esquemas operan estos posibles vínculos? ¿Qué se busca proteger al rechazar de entrada cualquier colaboración efectiva con las autoridades estadounidenses?

En política, como en la vida, las reacciones suelen decir más que los hechos mismos. Y lo que hemos visto en estos días no es la conducta de un Estado dispuesto a llegar al fondo de un problema, sino la de un sistema que se protege a sí mismo.

Si el caso Rocha Moya marca el inicio de una serie de investigaciones más amplias, México enfrenta una disyuntiva histórica: fortalecer sus instituciones a partir de la verdad, o confirmar, una vez más, que la impunidad sigue siendo el cemento que sostiene al poder; y que Morena, sus gobiernos y dirigentes, actúan como lo que son: un cártel de delincuentes.