Durante años, Morena construyó buena parte de su discurso político alrededor de una idea: ellos eran distintos. La corrupción, la impunidad y las complicidades pertenecían —decían— al pasado. Por eso resulta especialmente relevante lo que hoy ocurre cuando funcionarios y figuras vinculadas al partido aparecen, una y otra vez, en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

El caso más grave es el de Sinaloa. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios. Los fiscales estadounidenses alegan que habrían colaborado con Los Chapitos a cambio de apoyo político y sobornos. Son acusaciones, no sentencias, y los señalados conservan su presunción de inocencia. Pero tampoco estamos hablando de simples rumores difundidos en redes sociales: existe una imputación judicial formal.

El problema tampoco termina en Sinaloa. El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó el pasado 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas como parte de una operación contra redes del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados aparece Carlos Torres, exesposo de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El Tesoro describe una red de “narcocorrupción” en esa entidad; el gobierno estatal ha buscado deslindar a la gobernadora de las actividades atribuidas a su exmarido.

Hay además una dimensión que merece explicaciones institucionales. El Universal documentó que dependencias de Baja California y municipios de esa entidad contrataron durante años empresas que ahora fueron sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con redes de lavado del Cártel de Sinaloa. Sólo las contrataciones identificadas por ese diario superan los 108 millones de pesos. Esto, por sí solo, no demuestra que los gobiernos conocieran los presuntos vínculos criminales de los proveedores. Sí obliga a preguntar cómo fueron seleccionados, qué controles existieron y si hubo alertas que fueron ignoradas.

Tabasco plantea otra interrogante. La investigación de la FGR sobre Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, contiene testimonios que lo relacionan con “La Barredora”, organización dedicada, según la propia investigación, al narcotráfico, huachicol, extorsión y otros delitos. Adán Augusto no está acusado en esa investigación y ha rechazado cualquier implicación. Pero resulta inevitable preguntar cómo alguien señalado posteriormente como presunto dirigente criminal pudo ocupar una de las posiciones más sensibles de un gobierno estatal.

También existen reportajes sobre personas cercanas a los hijos de López Obrador. Allí están los audios en los que Amílcar Olán, amigo de Andrés y Gonzalo López Beltrán, habla de contactos de su hermano con integrantes del CJNG. La FGR ha señalado expresamente que no cuenta con elementos jurídicos suficientes para iniciar una investigación contra “Andy” López Beltrán por esos hechos, porque claro, el manto de la impunidad con el que el gobierno ha decidido cubrir al vástago de Obrador le alcanza para eso y para mucho más.

La acumulación de casos plantea una cuestión pública legítima. Cuando gobernadores, senadores, alcaldes, funcionarios de seguridad, familiares y personas cercanas aparecen reiteradamente alrededor de investigaciones sobre narcotráfico, huachicol o lavado de dinero, limitarse a responder que “no hay pruebas” ya no basta como política institucional.

Morena prometió ser diferente. Precisamente por eso tendría que ser el primero en exigir investigaciones independientes, transparentes y hasta las últimas consecuencias, sin importar nombres, cargos, amistades o apellidos.

Porque frente al crimen organizado, la pregunta no debería ser de qué partido es el señalado, sino qué dicen las pruebas y qué está haciendo el Estado para investigarlas.