Hay promesas que envejecen mal. Y luego está el famoso «no somos iguales» de Morena, una frase que el tiempo terminó convirtiendo en un extraordinario detector de ironías. El INEGI acaba de ponerle cifras a lo que millones de mexicanos ya sospechaban: los 9 estados donde la corrupción se percibe con mayor fuerza son gobernados por el partido que llegó al poder prometiendo barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Al final, cambiaron el discurso… pero no las costumbres.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 es demoledora. Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Baja California, Campeche y Colima encabezan la lista nacional en percepción de corrupción dentro de sus gobiernos estatales. Ocho de esas nueve entidades superan incluso el ya preocupante promedio nacional de 75 por ciento. En Zacatecas, casi nueve de cada diez ciudadanos consideran que la corrupción es una práctica frecuente dentro del gobierno. En Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya solicitó licencia mientras enfrenta investigaciones en Estados Unidos, el 84.8 por ciento de la población comparte la misma percepción. Cuando los ciudadanos coinciden con semejante claridad, el problema ya no es de narrativa; es de credibilidad.

El dato cobra todavía mayor relevancia porque estas nueve entidades forman parte del paquete de gubernaturas que estarán en juego en 2027. Morena gobierna actualmente doce de esos estados y la encuesta refleja una realidad incómoda para el oficialismo: donde prometieron limpiar la casa, la gente percibe que simplemente fue invadida por ratas.

La nueva dirigencia nacional insiste en repetir que «en Morena los corruptos no tienen cabida» e incluso convoca a ejercicios de conciencia. El problema es que los discursos chocan con la realidad. Los escándalos siguen acumulándose mientras el partido responde con una mezcla de negación, victimismo y disciplina corporativa. La corrupción siempre parece ser culpa de los adversarios… hasta que aparece dentro de casa.

Quizá el contraste más ofensivo sea el de la llamada austeridad republicana. Morena construyó buena parte de su identidad política denunciando los supuestos excesos de los gobiernos anteriores. Hoy, reportajes exhiben funcionarios y familiares del poder comprando en Cartier, hospedándose en hoteles de lujo, usando prendas de diseñador y organizando celebraciones que cuestan lo que cientos de familias mexicanas no ganarían en toda una vida. La imagen de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luciendo un collar Cartier de cientos de miles de pesos mientras hablaba de falta de recursos públicos resume mejor que cualquier discurso la distancia entre la propaganda y la realidad.

Sinaloa representa el ejemplo más delicado. La percepción de corrupción ya no proviene únicamente de las encuestas. Rubén Rocha Moya enfrenta una acusación e investigación sin precedentes en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras investigaciones periodísticas documentan el uso de aeronaves privadas y un estilo de vida difícil de conciliar con el discurso de la austeridad. A ello se suman otros gobernadores, legisladores y operadores morenistas mencionados en investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el huachicol. Cada nuevo expediente hace más difícil sostener que todo forma parte de una imaginaria «guerra sucia».

La respuesta oficial tampoco ayuda. Hacia afuera, Morena proclama tolerancia cero a la corrupción y denuncia conspiraciones cada vez que surge un nuevo escándalo. Hacia adentro, los señalados permanecen protegidos por el aparato partidista, conservan influencia política o simplemente piden licencia mientras baja la presión mediática. La impunidad cambió de colores, pero no de método.

Los datos del INEGI son mucho más que una encuesta de percepción; son el espejo donde se refleja el fracaso de la principal promesa moral del obradorismo. Si los estados donde más se percibe la corrupción son gobernados por Morena, entonces el «no somos iguales» terminó convirtiéndose en un eslogan vacío. Porque la honestidad no se demuestra con conferencias mañaneras ni con consignas de campaña. Se demuestra investigando a los propios, sancionando a los cercanos y entendiendo que el poder no es un patrimonio personal. Mientras eso no ocurra, cada encuesta confirmará lo que cada vez más mexicanos ya concluyeron por su cuenta: no cambiaron el sistema; simplemente cambiaron a quienes se benefician de él.