El gobierno federal ha encontrado una nueva bandera para envolver sus contradicciones: la soberanía. La ondea con solemnidad, la presume con discursos encendidos y la utiliza, por supuesto, cuando conviene. Porque, tras la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de varios de sus colaboradores cercanos, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el oficialismo descubrió de pronto que Estados Unidos no puede meterse en asuntos mexicanos. Qué curioso: la patria les arde justo cuando el señalado trae credencial de Morena y bendición del antiguo inquilino de Palacio.

El problema no es defender la soberanía nacional. Eso siempre debe hacerse. El problema es convertirla en coartada selectiva. Porque cuando el gobierno mexicano entregó a 29 presuntos criminales a Estados Unidos en febrero de 2025, luego a 26 más en agosto y después a otros 37 en enero de 2026, entonces no habló de injerencia, ni de intervencionismo, ni de ataques contra México. Entonces se habló de cooperación, coordinación, reciprocidad bilateral y buena vecindad. Es decir: cuando se entrega a capos sin padrino político, es cooperación internacional; cuando se toca a un gobernador consentido del régimen, es una agresión imperial. Vaya brújula moral tan patriótica.

La pregunta es evidente: ¿por qué unos casos ameritan discursos heroicos y otros boletines diplomáticos? La respuesta no está en el derecho internacional, sino en la política doméstica. Rocha Moya no es un personaje cualquiera dentro del oficialismo. Su historia está atada, desde hace décadas, al expresidente López Obrador. No fue un aliado circunstancial, sino un protegido político. Fue respaldado cuando surgieron señalamientos, defendido cuando Sinaloa se hundía en violencia y arropado cuando las dudas ya no cabían debajo de la alfombra. Incluso en la Cámara de Diputados, la bancada oficialista lo recibió con aquel coro vergonzoso de “no estás solo”. Y, al parecer, tenían razón: no está solo. Tiene detrás a todo un aparato dispuesto a confundir patria con complicidad.

Por eso la defensa actual no parece una defensa de México, sino una operación de control de daños. No están protegiendo la soberanía; están protegiendo una red de lealtades. No están defendiendo al Estado mexicano; están defendiendo al cártel político que decidió convertir la impunidad en disciplina partidista. Porque si realmente les preocupara la soberanía, también se habrían indignado cuando entregaron, en paquetes de 29, 26 y 37, a presuntos delincuentes solicitados por Washington. Pero entonces el discurso fue otro. Entonces sí había “debido proceso”, “protocolos institucionales” y “respeto bilateral”. Se entiende que la mayor falta cometida por esos criminales es la no pertenencia al Cártel de Palenque.

La soberanía no puede ser disfraz de temporada. No puede usarse como bandera cuando protege a los amigos y guardarse en el cajón cuando sirve para negociar con Estados Unidos. México debe cooperar internacionalmente contra el crimen, sí; pero también debe limpiar su propia casa. Y eso empieza por dejar de fingir que todo señalamiento contra Morena es una conspiración extranjera.

Porque, al final, lo que defienden no es la soberanía nacional. Defienden la soberanía del grupo, del que López Obrador es, sin duda, el capo principal. Y esa, más que patria, parece franquicia: la franquicia del Cártel de Palenque.