¿Que si la matrícula aumentó, que los recortes afectaron, que el gobierno federal no cumplió? Pues no, ninguno de estos es el motivo por el que la UAdeC esta en una crisis financiera. La situación es fácil de entender la UAdeC forma parte del Programa presupuestario de subsidios federales para organismos descentralizados estatales de educación superior, mejor conocido como
Subsidio U006.
Mediante este, LA UNIVERSIDAD se obliga a abrir y mantener una cuenta en una institución bancaria para que los recursos financieros que le otorguen la Federación y el Estado en un 50% y 50% ahí se depositen, además las partes convienen en que la SEP podrá suspender el envío de los recursos federales cuando el estado no realice el depósito de los recursos financieros que le corresponda aportar a “LA UNIVERSIDAD”, en el plazo referido.
Entendido esto vayamos a los números, hace algunos días la revista Forbes dió a conocer que al cierre del 2021 había 19 gobiernos estatales que debían 3 mil 175 mdp a 29 universidades. El Gobierno de Coahuila encabeza la lista con 704.1 mdp, el monto público asignado para ejercer el año pasado fue de $3,008’622, 432.00, de esa cantidad la aportación por parte del estado y de la federación va a partes iguales a cada uno le tocaba aportar $1,504’311, 216.00 a la universidad, este presupuesto se envía en partidas mensuales.
Y aquí es donde viene el problema ya que si visitamos la plataforma de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de México, podemos encontrar el tablero de cumplimiento de las ministraciones, en donde podrán darse cuenta que la federación cumplió con todas sus aportaciones aún y cuando el convenio marca que si el estado no cumple la federación puede detener el envío del recurso.
Los únicos meses que se cumplió con una cifra superior a los montos convenidos por parte del estado a la universidad son enero, septiembre y diciembre, es decir aportaron un poco más de 800 millones de pesos. Porque para todo hay niveles a los estudiantes se les aumenta la inscripción, a los empleados se les puede dejar sin trabajo o sin nómina, pero solo a unos cuántos se les pueden fiar más de 700 millones de pesos.






