El envejecimiento poblacional en México, y Saltillo, no es la excepción, representa un cambio y presión estructural inmediato. Según INEGI (2024), más del 12% de la población supera los 60 años, proyectándose más del 20% para 2040. Este fenómeno exige replantear el sistema de cuidados, actualmente sostenido por informalidad. Hoy, el cuidador no tiene una definición jurídica clara. Puede encuadrarse de manera ambigua como trabajador doméstico (Ley Federal del Trabajo, arts. 331–343), prestador de servicios profesionales o auxiliar de salud sin reconocimiento formal. Este fenómeno coloca en el centro del debate esta figura que ha sido históricamente invisibilizada:  El Cuidador.

El cuidador es quien asume la responsabilidad directa del bienestar físico, emocional y, en muchos casos, patrimonial de los adultos mayores. Sin embrago existe una falla estructural: el sistema de salud y asistencia social no ha dimensionado correctamente el rol estratégico de estos actores.

La Ley General de Salud no regula directamente la figura del cuidador domiciliario, generando un vacío crítico en responsabilidad, supervisión y certificación. El cuidador administra medicamentos, asiste en movilidad, atiende emergencias y en ocasiones gestiona recursos del adulto mayor. Esto lo coloca en una posición de alto riesgo operativo y legal.

Riesgos Y Responsabilidad: Para el adulto mayor se presentan: Negligencia médica, Abuso patrimonial (Código Civil: responsabilidad civil), Omisión de cuidados. Para el cuidador se presentan circunstancias como: Síndrome Burnout o de Desgaste, Responsabilidad civil por daños, Posible responsabilidad penal (lesiones u homicidio culposo), Desgaste físico y mental sin protección social. Se está delegando una función de alta complejidad sin un marco normativo sólido.

Actualmente existe dispersión institucional: Secretaría de Salud (aspecto sanitario), Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) (relación laboral), DIF (asistencia social), esta fragmentación impide una política integral. La solución no es añadir regulación aislada, sino crear un Sistema Nacional de Cuidados con competencias claras.

Debe incorporarse como formación técnica obligatoria: Certificación en cuidados geriátricos Protocolos médicos básicos, ética y manejo patrimonial, sin esto, se seguirá delegando una función crítica a personal no calificado. Debe incorporarse esta actividad dentro de la educación técnica y superior. Carreras técnicas en gerontología, enfermería, geriátrica y asistencia domiciliaria debe fortalecerse y ampliarse.

El sistema no puede recaer en un solo actor: El Estado carece de capacidad fiscal plena, la familia ya está sobrecargada, el mercado genera exclusión, por lo que se requiere un modelo mixto: subsidios focalizados, incentivos fiscales y regulación de prestadores privados.

El sistema actual es insostenible. Sin regulación clara, certificación obligatoria y un modelo institucional definido, el crecimiento de la población adulta mayor detonará una crisis social y legal. El problema no es técnico: es de voluntad política y diseño institucional.

En Saltillo, cada vez observamos esta figura con mayor frecuencia,   como  soporte para las  familias, donde viven adultos mayores y en un porcentaje elevado son los propios familiares que realizan esta función; sin embrago el riego a la estructura  familiar es evidente y genera conflictos y consecuencias, económicas y hasta de salud, por lo que tenemos que instalar gobernanzas que atiendan este fenómeno social cada vez más frecuente y fortalecer a las familias para que sin dejar de asistir a sus adultos mayores, cumplan con los roles necesarios para su sustento.