Un columpio no debería convertirse en trampa mortal. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió hace unos días en Coahuila, cuando un niño de seis años perdió la vida tras el colapso de un juego infantil en su escuela. Aunque el dolor es irreparable, lo más grave sería tratar esta tragedia como un accidente inevitable.
Lo ocurrido fue resultado de una cadena de errores. Primero, una infraestructura con más de 5 décadas de antigüedad, sin renovarse. Después, desatención por parte de las autoridades. Y finalmente, cuando el accidente ocurrió, se solicitó auxilio a través del 911 para atención inmediata, pero la respuesta no llegó oportunamente.
La pérdida de esta vida no puede atribuirse únicamente al colapso de un juego infantil. Es el reflejo de un sistema que reacciona tarde en cada etapa, incluso el 911 ante una emergencia.
Como mama, maestra y legisladora, me niego a aceptar que estas pérdidas sean vistas como hechos fortuitos. Miles de estudiantes conviven diariamente con instalaciones que requieren mantenimiento. La seguridad de nuestras niñas y niños no puede depender de la suerte.
Y me resulta indignante que hoy se pretenda trasladar responsabilidades a docentes, cuando durante años han enviado oficios y advertencias que terminan ignorados. Entonces: ¿para qué sirven las autoridades educativas? Si son servidores públicos y cobran un salario, deberían servir y dar respuesta a la ciudadanía ¿o no?
Por eso, desde el Congreso, impulsamos un exhorto para revisar todos los juegos infantiles y espacios recreativos de las escuelas de educación básica en Coahuila. Ninguna familia más debería sufrir una pérdida irreparable como consecuencia del abandono y descuido de las
autoridades.
