Morena dice que no censura. Lo repite con tanta insistencia que uno empieza a sospechar que la frase funciona como esas advertencias que nadie pidió: “no estamos censurando”, “no estamos persiguiendo”, “no estamos haciendo listas negras”. Y, justo después, desde Palacio Nacional se exhiben nombres de periodistas, medios, analistas y políticos críticos del gobierno dentro de una supuesta “red de amplificación digital”. Qué tranquilidad.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó un análisis que identificó 54 cuentas y les atribuyó más de 281 mil publicaciones entre enero y agosto. Ahí aparecieron nombres de periodistas y medios como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Reforma, El Universal, Adela Micha, Dolia Estévez y otros. Después vino la aclaración: no era una lista negra, sino un análisis del ecosistema digital.

Claro. Y un expediente con nombres tampoco es un expediente; seguramente es una colección de datos con sensibilidad democrática.

El problema no es solamente semántico. El problema es quién hace la lista, desde dónde la hace y en qué país la hace.

México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Reporteros Sin Fronteras ubica al país en el lugar 122 de 180 en su clasificación mundial de libertad de prensa de 2026 y, todavía peor, en la posición 160 en el indicador de seguridad. Desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido. Tan sólo en 2026, RSF registra siete periodistas asesinados.

La dimensión humana de esas cifras debería bastar para que cualquier gobierno actuara con extrema prudencia. Durante los primeros meses de este año fueron asesinados periodistas en Puebla, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y otras entidades. En varios casos existían amenazas o antecedentes de hostigamiento. El País documentó además agresiones, amenazas y episodios en los que periodistas incluso optaron por dejar de informar sobre violencia para proteger su vida.

En un país así, cuando el poder exhibe públicamente a periodistas críticos, no está haciendo un inocente ejercicio académico.

Está colocando nombres bajo los reflectores.

Y esto ocurre, además, en un momento particularmente preocupante. El gobierno federal impulsa nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que han provocado un amplio debate por el riesgo de que la protección de las audiencias termine convirtiéndose en una puerta para intervenir, condicionar o sancionar contenidos periodísticos. El gobierno asegura que no pretende regular a la prensa. Pero mientras pronuncia esa promesa, simultáneamente clasifica, analiza y exhibe públicamente a quienes lo critican.

Vaya manera de despejar dudas.

Una democracia necesita periodistas incómodos. Necesita investigaciones que molesten, preguntas desagradables, opiniones severas y medios que contradigan al poder. La libertad de expresión no consiste en permitir que hablen quienes aplauden al gobierno. Consiste precisamente en proteger a quienes lo cuestionan.

Por eso resulta especialmente revelador que incluso Ricardo Monreal haya considerado innecesario elaborar relaciones de personas críticas y recordara que en una democracia deben protegerse la tolerancia y las libertades de expresión, imprenta y asociación. Cuando hasta dentro de Morena tienen que explicar semejante obviedad, el problema comienza a ser bastante evidente.

El gobierno puede llamarla “análisis”, “ecosistema digital”, “red de amplificación” o inventarle mañana otro nombre técnicamente elegante.

Pero cuando desde el poder se colocan nombres y rostros de periodistas críticos en una pantalla, mientras esos mismos periodistas trabajan en uno de los países más mortíferos del mundo para su profesión, no estamos frente a un problema de nomenclatura.

Estamos frente a una peligrosa señal de intimidación.

Y quizá eso explique por qué Morena insiste tanto en decir que no censura.
Porque cada día tiene más dificultades para demostrarlo.