Morena insiste en que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias no buscan censurar a nadie. Según el gobierno federal, todo se reduce a un inocente ejercicio de “autorregulación”: los medios nombrarán a sus defensores, redactarán sus códigos de ética y atenderán las quejas del público. Nada que temer, dicen. Y cuando Morena asegura que no hay nada que temer, conviene revisar inmediatamente dónde escondieron la letra pequeña.

Los derechos de las audiencias son legítimos y deben protegerse. La ciudadanía tiene derecho a distinguir la información de la publicidad, exigir rectificaciones, recibir contenidos accesibles y contar con mecanismos para presentar inconformidades. El problema no está en reconocer esos derechos, sino en quién los interpretará, quién decidirá si fueron violados y qué posibilidades habrá de controvertir esa decisión.

Porque la supuesta autorregulación termina cuando el medio no atiende la recomendación de su propia defensoría o cuando el ciudadano considera insuficiente la respuesta. Entonces el asunto pasa a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y es esa autoridad federal la que resuelve. Llamar “autorregulación” a un procedimiento que concluye con el gobierno decidiendo quién tiene la razón es como llamar “diálogo” a una orden acompañada de una amenaza.

La diferencia institucional es fundamental. Antes, estas facultades correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo constitucional autónomo creado, al menos en teoría, para mantener distancia entre el poder político y la regulación de los medios. Morena desapareció ese contrapeso y trasladó sus funciones a una comisión integrada en la administración pública federal. Es decir, el Ejecutivo ahora puede terminar evaluando contenidos difundidos por medios que investigan, cuestionan y critican al propio Ejecutivo.

Qué conveniente: primero eliminan al árbitro independiente y después redactan las reglas del partido.

El riesgo crece porque los lineamientos utilizan conceptos deseables, pero inevitablemente interpretables: “información veraz”, “pluralismo”, “diversidad”, “fortalecimiento democrático” y diferenciación entre información y opinión. En el papel todo parece evidente. En la práctica periodística, no lo es. Contextualizar un dato, seleccionar fuentes, ordenar las noticias, cuestionar a un funcionario o explicar las consecuencias de una decisión pública implica criterios editoriales. ¿Quién decidirá dónde termina el hecho y comienza la opinión? La respuesta es inquietante: una autoridad dependiente del mismo poder al que los periodistas deben vigilar.

El gobierno alegará que no existe censura previa y que las multas sólo sancionarán incumplimientos administrativos. Técnicamente, podría ser cierto. Pero para determinar si un medio incumplió, la Comisión tendrá que evaluar el contenido. Y sus resoluciones, de acuerdo con la legislación vigente, no admitirían recurso administrativo ni suspensión. Una autoridad política puede pronunciarse sobre la veracidad de una información, y el afectado tendría posibilidades muy limitadas de defenderse.

La censura moderna rara vez llega con policías clausurando redacciones. Es más sofisticada: procedimientos, supervisiones, interpretaciones ambiguas, multas e incertidumbre. No prohíbe directamente; provoca que los medios calculen cuánto les puede costar incomodar al gobierno. Eso genera el llamado efecto inhibidor: periodistas y concesionarios moderando sus contenidos para evitar conflictos con la autoridad.

Las defensorías pueden ser útiles. Los códigos de ética también. Lo inadmisible es que una norma administrativa otorgue al Ejecutivo facultades dudosas para interpretar el trabajo periodístico sin contrapesos suficientes.

Morena no quiere cerrar micrófonos. Le basta con colocar sobre ellos una espada administrativa y esperar que cada periodista aprenda a hablar más bajito.