De plano, la política de “Abrazos, no balazos”, por fortuna, es cosa del pasado.

El decomiso de 10 millones de litros de diésel, 200 contenedores y 23 tractocamiones en Tampico y en Altamira, Tamaulipas, son otra prueba más de la alianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador con la delincuencia organizada.

Súmele el rancho de reclutamiento y exterminio en Jalisco y la inseguridad estable en Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, entre otros estados que reflejan la herencia negra de AMLO.

El decomiso de los 10 millones de litros de diésel pone en jaque al gobernador morenista Américo Villarreal.

Igual que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros que podrían caer como fichas de dominó.

Sin duda, la presidenta Claudia Sheinbaum ya se deslindó de la política de los “Abrazos, no balazos” y, presionada por Estados Unidos, acelera su distanciamiento del pasado.

Hoy sabemos que en la pésima gestión de AMLO se traficaba como nunca con gasolina y con diésel.

Se protegía el tráfico de insumos para fabricar fentanilo, había un rancho donde mataban a hombres y mujeres que se resistían a ingresar a la delincuencia.

También había protección a los cárteles más poderosos por parte de los gobernadores morenistas.

Fechorías y más fechorías que también se protegían con los “otros datos” que usó el expresidente López Obrador para propagar la impunidad y la inseguridad que tanto lastiman.