De nueva cuenta, en Palacio Nacional arremetieron contra el Poder Judicial. Es claro que el presidente va a presionar hasta doblegarlos, si es que se puede.
Esta semana mucha información ha permeado respecto al tema. En distintos estados ha habido paros labores, e incluso han convocado a una marcha nacional este próximo domingo para defender los derechos de la base trabajadora, pero es sumamente importante hacer un análisis de cuáles son sus derechos y quiénes serán los más afectados con este recorte de fideicomisos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mire, de los 13 fideicomisos que se pretenden eliminar, al menos seis están directamente vinculados con la prestación de derechos laborales como seguridad social, pensiones, vivienda o servicios de salud, particularmente para el personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de su plantilla.
Pero la polémica más grande es en los otros siete fideicomisos que le pegan más a los ministros y a los jueces, los cuales, hay que decirlo, tienen sueldos irreales de 400 mil pesos, pero que pueden llegar hasta los 700 mil mensuales. Por ejemplo, hay algunos que son básicamente apoyos para mantenimiento, construcción y hasta ampliación de casas de los magistrados; el uso de vehículos blindados e incluso algunos utilizaban el recurso para cirugías plásticas. Ahí no hay mucho que debatir, esa vida faraónica tiene que terminar, pero también, no por unos la llevan todos, y menos la base laboral.
La intención del presidente también es clara: sigue con sus intenciones de democratizar el Poder Judicial para que el pueblo sea quien elija a los ministros, pero no hay nada más engañoso que eso, porque, siendo sinceros y sin raspar muebles, no todos le saben al tema, y es obvio que quien los propondría sería el mismo Poder Ejecutivo a su conveniencia para tener un Poder Judicial servil a las intenciones del presidente o del próximo presidente, y si eso llega a pasar, amigo lector, Dios nos ampare, porque estaremos un paso más cerca de Venezuela.
