En política, pocas cosas resultan tan ofensivas para la ciudadanía como la incongruencia. No es la riqueza en sí misma lo que indigna, sino la doble moral: predicar austeridad desde la tribuna mientras se disfruta del privilegio en la práctica. Bajo esa lógica presenté la iniciativa para crear la Ley Federal de Coherencia y Responsabilidad en el Ejercicio del Poder Público, una propuesta que busca cerrar la brecha entre el discurso oficial y el uso real de los recursos públicos.

El problema de fondo es claro: en México existe una amplia zona gris que permite a los altos funcionarios gozar de beneficios financiados directa o indirectamente por el erario, sin que estos necesariamente aparezcan como salario o prestación formal. Viajes en clase ejecutiva, hospedajes en hoteles de lujo, cenas ostentosas y acompañantes sin función pública se han vuelto parte de una normalidad que contradice abiertamente el relato de austeridad que se exige a la ciudadanía.

La iniciativa plantea medidas concretas para enfrentar esta distorsión. Entre ellas, la creación de un registro público de viajes oficiales que detalle costos, justificaciones y acompañantes; la obligación de transparentar el gasto personal indirecto; y la implementación de una Declaración de Coherencia y Estilo de Vida Funcional que permita conocer cómo se utilizan los recursos asociados al cargo. Además, se establecen sanciones por omisión o simulación, así como restricciones al uso de transporte de lujo financiado con recursos públicos.

Lo relevante de esta propuesta no es sólo su contenido técnico, sino el mensaje político que envía: el poder no puede seguir siendo un vehículo para el privilegio mientras al ciudadano se le pide sacrificio. La austeridad no puede ser un eslogan conveniente que se aplica hacia afuera y se ignora hacia adentro. Si un gobierno decide adoptar ese principio como bandera, debe asumir también las consecuencias de cumplirlo.

Más allá de partidos, esta iniciativa toca un punto neurálgico de la confianza pública. Cada vez que un funcionario viaja con recursos públicos en condiciones que contrastan con el discurso oficial, no sólo se gasta dinero: se erosiona la credibilidad institucional. Y esa pérdida de confianza tiene efectos más profundos que cualquier desviación presupuestal, porque debilita el vínculo entre sociedad y gobierno.

Por supuesto, la ley por sí sola no resolverá el problema si no existe voluntad política para aplicarla. La historia reciente está llena de normas que prometían transparencia y terminaron siendo letra muerta. Sin embargo, establecer reglas claras es un primer paso indispensable para reducir la discrecionalidad y abrir espacios a la rendición de cuentas.

En un país donde la desigualdad sigue siendo una herida abierta, la congruencia en el ejercicio del poder no es un lujo: es una obligación ética. La ciudadanía no espera gobiernos perfectos, pero sí gobiernos honestos en su actuar. Y eso implica algo muy sencillo, pero profundamente incómodo para muchos: que quienes gobiernan vivan como dicen que deben vivir.

Porque al final, el verdadero problema no es cuánto gastan, sino la impunidad con la que dicen una cosa y hacen otra. Y eso, en cualquier democracia que aspire a serlo, debería ser inaceptable.