México.- El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino, informó que el proceso de regularización y registro de telefonía móvil en el país suma ya 68 millones de líneas telefónicas vinculadas. De acuerdo con las estimaciones de la dependencia federal, aproximadamente 40 millones del total reportado corresponden a la modalidad de prepago.

El funcionario detalló que este procedimiento se ejecuta en estricto cumplimiento al marco legal establecido en la Ley de Telecomunicaciones. El mecanismo obliga a la vinculación de datos de identidad esenciales, tales como el nombre completo y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los titulares, los cuales son resguardados directamente por las empresas operadoras de telefonía para enlazarlos a cada número telefónico activo.

Merino aclaró de forma puntual que el Gobierno de la República no almacena ni posee acceso a bases de datos con información personal de los usuarios. Asimismo, con el objetivo de facilitar el trámite a la ciudadanía y evitar la saturación de los sistemas, las autoridades determinaron mantener el proceso abierto de manera escalonada durante los próximos meses, organizando los turnos de inscripción con base en el último dígito de cada número celular.

Enfoque en seguridad pública y rechazo a fines recaudatorios
Durante la misma conferencia de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó el informe técnico y reiteró que la finalidad primordial de esta reforma es fortalecer las estrategias de seguridad pública. Explicó que la medida busca facilitar la identificación y el rastreo de posibles responsables en la comisión de ilícitos complejos, como la extorsión y el fraude telefónico.

La jefa del Ejecutivo federal secundó lo expuesto por el titular de la Agencia de Transformación Digital al enfatizar que los datos confidenciales permanecen bajo la custodia exclusiva de las compañías telefónicas privadas y no en servidores gubernamentales.

Aunado a ello, la mandataria aclaró que la legislación carece de propósitos recaudatorios y descartó categóricamente la aplicación de multas o sanciones económicas para los usuarios. Subrayó que la prioridad actual de su administración es garantizar que la población cuente con información fidedigna para combatir los brotes de desinformación que han surgido en torno a las modificaciones normativas.

Exclusión de la prensa escrita y entornos digitales
En el marco del desglose de los alcances de la reforma, la primera presidenta del país precisó que las modificaciones aprobadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión acotan sus obligaciones estrictamente a la telefonía y no interfieren con otros sectores de la comunicación.

Sheinbaum Pardo especificó de manera clara que ni los medios de prensa escrita ni las diversas plataformas digitales de internet se encuentran incluidos dentro de las disposiciones de registro señaladas. Con el fin de evitar interpretaciones erróneas o lagunas legales que comprometan la libertad de expresión, la jefa del Estado instruyó a José Antonio Merino a revisar minuciosamente la redacción técnica de los lineamientos para delimitar con exactitud su campo de aplicación jurídica.