Ciudad de México.- En México, la crisis de desapariciones alcanza cifras alarmantes, superando las 111 mil 500 personas desaparecidas. A esta tragedia se suma el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, con un ritmo casi diario desde 2007, marcando un récord sombrío. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las localizaciones de entierros ilegales se han disparado, incluso en los años de mayor restricción de movilidad debido a la pandemia por COVID-19.
En el periodo hasta abril de 2023, se registraron 2,864 fosas clandestinas, más de la mitad de las documentadas en total, revelando un aumento significativo durante la actual administración. Datos entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y analizados por Quinto Elemento Lab indican un incremento del 88% en siete años, con hallazgos en 177 municipios adicionales desde 2016.
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La multiplicación de fosas clandestinas refleja la crisis de seguridad en México, exacerbada por la militarización emprendida desde 2006. La impunidad y la brutalidad en la disposición de los cuerpos, utilizando métodos como ácido o incineración, han llevado a la sociedad a un estado de desensibilización. Las familias afectadas, como la de Yadira González Hernández, buscan respuestas en parajes inhóspitos, enfrentándose a la impunidad y a un fenómeno que afecta el 23% de los municipios a nivel nacional. La situación evidencia la urgencia de abordar esta crisis humanitaria en México.
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