Ciudad de México.- La Cámara de Senadores ha aprobado por unanimidad un proyecto de reforma para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua en la minería. El objetivo principal de esta reforma es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de la nación, y proteger los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y al agua de la población.
Sin embargo, en las redes sociales, el grupo parlamentario de Acción Nacional ha expresado su preocupación por la falta de consulta a los grupos indígenas y pueblos originarios, que son uno de los principales segmentos perjudicados por esta práctica. A pesar de esto, los senadores de Morena y sus aliados han aprobado el proyecto con modificaciones a diversas leyes, incluyendo la Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El senador Napoleón Gómez Urrutia de Morena ha destacado la importancia de acabar con la explotación irracional de los recursos naturales y de la mano de obra en el país. Según él, esta reforma es un primer paso importante hacia una reforma integral de la Ley Minera. Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, ha resaltado la trascendencia de la aprobación de este dictamen a la Ley Minera, ya que se logró el compromiso de todas y todos los legisladores de establecer las reformas más profundas que se han hecho en esta materia las últimas tres décadas.
El proyecto implica reducir la duración de las concesiones mineras de 50 a 30 años, regular la transmisión de títulos de concesión, incorporar causales de cancelación de concesiones mineras, establecer un capítulo de delitos para sancionar conductas delictivas en materia de minería, y regular la concesión de agua para su uso específico en la minería. Además, se amplían las causales de revocación de la concesión de agua por hechos o actos de interés público y cuando no se cumpla con el programa de restauración y cierre previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
