Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos atraviesa un momento crítico en sus 87 años de historia, al pasar de ser la principal fuente de recursos para el país a representar uno de los mayores costos fiscales para el gobierno federal. Analistas estiman que la empresa cerrará con un déficit cercano a los 31 mil millones de dólares, derivado de la caída en la producción petrolera, cambios en su régimen fiscal y los constantes rescates financieros destinados a sostener su operación.
Durante el último sexenio, Pemex recibió alrededor de 80 mil millones de dólares en apoyos mediante capitalizaciones y exenciones, mientras que en la actual administración se han sumado más de 50 mil millones de dólares en diversas vías de financiamiento, desde acuerdos con la banca de desarrollo hasta deuda soberana. Estos recursos, que buscan aliviar una deuda superior a los 100 mil millones de dólares, han convertido a la petrolera en el principal beneficiario de los flujos fiscales, desplazando al propio Estado como receptor neto.
El impacto de esta situación se extiende a las finanzas públicas nacionales. Fitch Ratings estima que la deuda de México pasará del 45% del PIB en 2023 a más del 57% en 2026 debido a la absorción de pasivos de la petrolera. Aunque las agencias crediticias han reconocido avances en la reestructuración de Pemex, la presión sobre la calificación soberana del país persiste, con el riesgo de que el endeudamiento gubernamental incremente si la economía no logra repuntar en los próximos años.
