La Notaría 27 de Tabasco, propiedad de Adán Augusto López Hernández, ya no parece solamente una oficina dedicada a dar fe pública. A juzgar por las investigaciones recientes, también habría funcionado como una especie de incubadora de empresas que terminaron viviendo del presupuesto federal.

Para alguien que construyó buena parte de su carrera política bajo la bandera de la honestidad y la regeneración moral de la vida pública, el expediente empieza a parecer más una historia de ingeniería financiera que de servicio notarial.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la más reciente trama gira alrededor de una red de diez empresas que, durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, obtuvo contratos de la CONAGUA por 2 mil 314 millones de pesos. Varias de ellas carecían de experiencia relevante en obras hidráulicas y, sin embargo, se convirtieron en ganadoras recurrentes de licitaciones multimillonarias. En el centro de esa constelación aparece Ferroclin U&Q, una empresa constituida en 2014 precisamente en la Notaría 27 de Tabasco, cuando Adán Augusto todavía ejercía directamente como notario; es un secreto a voces que nunca ha dejado la función y que controla al menos cinco notarías en Tabasco.

Pero, regresemos al caso. Ferroclin recibió contratos por más de 329 millones de pesos entre 2019 y 2023. Lo llamativo es que, en enero de 2026, el SAT la declaró oficialmente “empresa fantasma” al concluir que no contaba con activos, personal ni infraestructura suficientes para realizar las actividades que facturaba. Lo más sorprendente no es que existiera una empresa así; lo verdaderamente extraordinario es que siguiera participando en licitaciones públicas incluso después de haber sido exhibida por la autoridad fiscal.

El caso de Jylco Construcciones retrata con claridad el funcionamiento de este esquema. La empresa fue creada por un arquitecto de Acapulco, Marco Antonio Juárez, quien falleció en 2022 sin haber acumulado riqueza alguna. Sin embargo, mientras enfrentaba problemas económicos y de salud, su empresa ya se había convertido en contratista millonaria de la CONAGUA. Para entonces, el control de la compañía había pasado a manos de operadores tabasqueños, aunque los socios originales nunca formalizaron una cesión de acciones.

De pronto, una pequeña constructora sin experiencia hidráulica apareció ganando contratos por cientos de millones de pesos.

La investigación muestra que Jylco no era una excepción. Otras compañías como Clapa, Campos Rocha o Estudios y Diseños Constructivos siguieron rutas similares. El patrón se repite una y otra vez: empresas controladas por el mismo grupo de abogados y contadores, licitaciones donde las supuestas competidoras pertenecen al mismo círculo y concursos en los que el dinero termina siempre dentro de la misma red.

En algunos casos, las empresas rivales compartían administradores nombrados prácticamente el mismo día y ante los mismos notarios. Una competencia tan auténtica como una elección en Corea del Norte.

La historia se vuelve todavía más incómoda cuando se revisa quiénes entregaban los contratos. De los 42 identificados a favor de esta red, 38 fueron otorgados desde la Gerencia de Recursos Materiales de la CONAGUA por funcionarios estrechamente vinculados al obradorismo. Entre ellos figura Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, así como exintegrantes de la Ayudantía Presidencial que llegaron a posiciones clave sin experiencia relevante en el sector hídrico. Entre todos repartieron casi el 80 por ciento de los recursos canalizados a este grupo empresarial.

Y si alguien piensa que se trata de una coincidencia aislada, conviene recordar otro dato inquietante: las notarías 27 de Adán Augusto López y 13 de su hermano Melchor aparecen vinculadas a la constitución de al menos 13 empresas que posteriormente fueron catalogadas por el SAT como fantasma y que, aun así, lograron obtener contratos públicos por alrededor de 11 mil millones de pesos.

La Cuarta Transformación prometió separar el poder político del poder económico. Lo que observamos aquí parece exactamente lo contrario: una red donde la política abre puertas, la burocracia asigna contratos y las empresas cobran. Todo perfectamente protocolizado. Porque, al parecer, en el México de la transformación también existe una corrupción con sello, firma y fe pública.