México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un paso decisivo en las investigaciones que vinculan a la administración estatal de Sinaloa con el crimen organizado. El Ministerio Público Federal confirmó la unificación de tres carpetas de investigación en un solo expediente maestro, el cual busca esclarecer la red de complicidades que rodeó los eventos violentos de julio de 2024.

A pesar del avance en las pesquisas y de que las autoridades confirmaron tener ubicado el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, la FGR informó que aún no se le ha citado formalmente a declarar, mientras se robustece la evidencia técnica y testimonial.

El «Expediente Único»: Tres crímenes, una misma trama
La decisión de unificar las indagatorias responde a la conexión directa de los personajes involucrados en tres hechos que sacudieron la estabilidad del estado:

  • El secuestro de «El Mayo»: La privación de la libertad de Ismael Zambada García, presuntamente a manos de Joaquín Guzmán López.
  • Homicidio de Héctor Melesio Cuén: El asesinato del ex rector de la UAS, ocurrido el mismo día de la captura de Zambada.
  • Delitos Electorales: Presuntas irregularidades y financiamiento ilícito en el proceso electoral de Sinaloa en 2021.

La reunión fallida y el rastro del soborno
Las investigaciones apuntan a una reunión clave pactada para julio de 2024, a la cual Rocha Moya habría sido convocado junto a «El Mayo» Zambada, Cuén Ojeda y el hijo de «El Chapo» Guzmán. Aunque el gobernador con licencia no asistió, el encuentro terminó con el asesinato del ex rector y el traslado forzoso de Zambada a territorio estadounidense.

Por otro lado, la FGR ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos el acceso a las pruebas que señalan a Rocha Moya y a otros diez exfuncionarios sinaloenses por recibir presuntos sobornos de la facción liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Mientras Joaquín Guzmán López ya enfrenta un proceso en la Unión Americana, la Fiscalía mexicana ha obtenido una orden de captura en su contra y analiza la viabilidad de tramitar detenciones provisionales con fines de extradición para otros implicados en la red de corrupción.