Ciudad de México.- En una decisión que ha generado controversia, la juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, ha ordenado la liberación provisional de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa. Estos exintegrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero enfrentaban cargos por delincuencia organizada en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. La medida implica el pago de una garantía económica de 100 mil pesos por cada uno de los militares.
La resolución de la juez Duarte, emitida esta madrugada, ha sido recibida con sorpresa y críticas, especialmente por parte de la Guardia Nacional, que había señalado un alto riesgo de fuga en este caso. A pesar de la libertad provisional, los militares deberán cumplir con condiciones estrictas, incluyendo la entrega de pasaportes, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas o testigos del caso.
Esta decisión judicial marca un nuevo capítulo en un proceso legal prolongado y complejo, donde se entrecruzan acusaciones de desaparición forzada y colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos. Desde su detención en junio de 2023, estos militares han estado bajo la lupa de la justicia, enfrentando múltiples procesos penales. La orden de liberación provisional ahora despierta interrogantes sobre el manejo de este emblemático caso de derechos humanos en México.
