Jalisco.- Cada 30 de agosto se recuerda a las víctimas de desaparición forzada, un fenómeno que en México ha sido calificado por la ONU como sistemático y generalizado. El país concentra cifras alarmantes: más de 5 mil 600 fosas clandestinas y alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en morgues, fosas comunes y centros de resguardo. En este escenario, Jalisco se mantiene como el estado más golpeado, con más de 15 mil denuncias registradas por el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), de las cuales más de siete mil se concentran en municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.
La magnitud del problema en esta entidad ha sido vinculada a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, las disputas entre grupos criminales y la participación de autoridades locales, factores que han derivado en un incremento de desapariciones, sobre todo de mujeres y adolescentes. Entre 2023 y 2024, los reportes de desaparición de niñas y mujeres crecieron entre 20.5 y 23%, un fenómeno que se relaciona con el reclutamiento de jóvenes a través de redes sociales y plataformas de videojuegos. Pese a que la Fiscalía estatal cuenta con herramientas avanzadas de rastreo y análisis tecnológico, colectivos de búsqueda denuncian que estas capacidades no se aplican de forma generalizada, lo que genera un trato desigual entre familias.
A nivel nacional, Naciones Unidas ha insistido en la urgencia de reconocer a las familias como aliadas en los procesos de búsqueda, garantizar su protección y aplicar protocolos inmediatos con perspectiva diferenciada. Sin embargo, la impunidad se mantiene cercana al 99% de los casos y los retrasos en las investigaciones dificultan la localización de personas. La reciente localización de restos humanos en una fosa clandestina en el Cerro del Cuatro, en San Pedro Tlaquepaque, por parte de colectivos, refleja la magnitud de una crisis que rebasa a las instituciones y que se mantiene como uno de los principales desafíos de derechos humanos en el país.
