Ciudad de México.- Más de 4 mil narcotraficantes encarcelados sin sentencia en cárceles federales podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Esta medida afecta a seis de cada 10 reos en prisiones federales que pertenecen a peligrosos cárteles como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa. Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) revelan que, hasta marzo, de los 20 mil 628 internos en estos penales, 11 mil 823 están ligados a la delincuencia organizada, mientras que 8 mil 805 no tienen conexiones con estos grupos.
El cártel de Los Zetas, conocido por su brutalidad, tiene a mil 536 miembros encarcelados, seguido por CJNG y el cártel de Sinaloa con mil 338 y mil 140 respectivamente. La posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la SCJN, después de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suprimirla, genera preocupación entre expertos. Gerardo Rodríguez, profesor de la Universidad de las Américas Puebla, señala que aunque la liberación no sería inmediata, la revisión de las medidas cautelares podría resultar en la reincorporación de estos individuos a actividades delictivas, ya que muchos no conocen otra forma de vida.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa ha generado controversia entre autoridades. Gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México han presentado un recurso ante la SCJN, argumentando que esta medida pondría en riesgo la seguridad y gobernabilidad del país. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió sobre el peligro de liberar a 68 mil presuntos delincuentes, incluyendo aquellos con vínculos al crimen organizado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la prisión preventiva como un instrumento crucial para combatir la delincuencia, instando al máximo tribunal a mantener esta medida cautelar.
