La extorsión se ha convertido en uno de los rostros más corrosivos de la violencia en México. No se trata solo de un delito más en las estadísticas de seguridad, sino de un mecanismo sistemático de control económico y social que castiga a quienes trabajan, emprenden y generan empleo. Hoy, la extorsión opera como un impuesto criminal: se cobra sin ley, sin recibo y bajo amenaza, con la tolerancia —cuando no la complicidad— de un Estado que ha sido incapaz de contenerla.
Las cifras son contundentes. En 2025 se registraron 11 mil 081 víctimas de extorsión, el número más alto de la última década.

En comparación con 2015, el delito creció 78 por ciento, pasando de 6 mil 223 a más de once mil víctimas anuales. Lejos de ser un fenómeno aislado o coyuntural, la extorsión se ha consolidado como un problema estructural que se expande en el territorio nacional: 20 de las 32 entidades federativas reportaron un incremento durante el último año, es decir, casi dos tercios del país.

El impacto económico es devastador. La Coparmex ha advertido que la extorsión se ha convertido en uno de los principales frenos a la inversión y en un costo permanente para las empresas. No solo encarece la operación diaria, sino que condiciona decisiones clave: invertir, expandirse o incluso permanecer en determinadas regiones. Casi 47% de las empresas reconoce haber sido víctima de algún delito, y la extorsión ocupa el segundo lugar entre los más frecuentes. Más grave aún: uno de cada tres casos involucra a autoridades o a personas con apariencia de autoridad, lo que erosiona de manera directa la confianza en las instituciones.

En lo social, el daño es igual de profundo. La extorsión normaliza el miedo, inhibe la denuncia y refuerza la idea de que la ley no protege a quien cumple, sino a quien amenaza. Según el Inegi, 93.2 % de los delitos no se denuncia, y la extorsión figura entre aquellos con menores niveles de reporte. Esto no es casual: denunciar implica exponerse, revictimizarse y, en muchos casos, quedar a merced de los mismos grupos que operan con control territorial y redes de protección informal.

A este escenario se suma una realidad particularmente preocupante: la existencia de mecanismos institucionales y extra-institucionales que facilitan la extorsión. Desde la inacción —o participación— de corporaciones de seguridad hasta el cobro de “cuotas” disfrazadas de aportaciones sindicales en sectores estratégicos, el mensaje es claro: el crimen no actúa solo, encuentra espacios de permisividad y encubrimiento.

Frente a esta realidad, no bastan discursos ni estrategias que se quedan en el papel. Combatir la extorsión exige colocarla como prioridad nacional de política pública, fortalecer el Estado de Derecho y romper, sin ambigüedades, los vínculos entre delincuencia y estructuras de poder. México no puede aspirar a crecimiento, bienestar ni justicia mientras la extorsión siga reinando como norma y no como excepción.