México. – En un movimiento clave para el ordenamiento del sector extractivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que más de 200 concesiones mineras regresarán a manos del Estado mexicano. El anuncio, realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, marca un giro en la política minera al recuperar títulos de sitios que se encuentran sin actividad productiva.

La mandataria detalló que este proceso no deriva de una expropiación, sino de una devolución voluntaria por parte de las empresas titulares, tras una solicitud formal del Gobierno de México.

Contra la especulación y por el control público
El objetivo central de esta medida es poner fin a la retención especulativa de terrenos. Sheinbaum explicó que muchas de estas concesiones permanecían «congeladas» sin generar empleo ni producción, lo que impedía al Estado decidir sobre el destino estratégico de dichos suelos.

  • Sin nuevas minas: La presidenta fue enfática al señalar que su administración no iniciará un proceso de apertura de nuevas minas, manteniendo una postura de rigor ambiental y legal.
  • Transparencia: En los próximos días se publicará el listado detallado de las concesiones devueltas y las regiones que comprenden.

Minerales Críticos: México marca su «raya» con EE. UU.
La noticia surge en medio de la reciente polémica por el Plan de Acción Conjunto sobre Minerales Críticos anunciado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos. Al respecto, Sheinbaum aclaró que «no hay nada firmado» y que la soberanía de los recursos no está a debate.

“El plan habla de soberanía; eso significa que Estados Unidos investiga en su país y México en el suyo. No es una exploración conjunta”, puntualizó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo descartó cualquier modificación a la legislación vigente para facilitar el acceso extranjero a recursos como el litio, cobre o tierras raras, esenciales para la industria de semiconductores y autos eléctricos. En su lugar, abogó por un comercio justo que respete las leyes nacionales y los tratados internacionales ya establecidos.