En México, la tragedia de las desapariciones ha dejado de ser una estadística para convertirse en una herida abierta que atraviesa miles de familias. Hoy se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que por sí sola debería bastar para sacudir cualquier conciencia pública. Pero el problema no es solo la magnitud, sino la respuesta: mientras las víctimas buscan, el Estado parece administrar el silencio.

Organismos internacionales han comenzado a elevar el tono, no por capricho, sino por la gravedad del fenómeno. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llevó el caso mexicano hasta la Asamblea General, un paso excepcional que se activa únicamente cuando existen indicios de que las desapariciones pueden ser sistemáticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, prepara un informe específico para analizar esta crisis que ya califica como una de las más graves del continente.

A ello se suma el diagnóstico de organizaciones como Amnistía Internacional, que documenta un incremento del 10.5% en las desapariciones durante 2025, en un contexto marcado por la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la violencia incluso contra quienes buscan a sus familiares. Es decir, no solo desaparecen personas: también se pone en riesgo a quienes intentan encontrarlas.

Y es aquí donde emerge la mayor contradicción moral de nuestro tiempo. Porque frente a esta evidencia —nacional e internacional—, la respuesta oficial ha sido, en muchos casos, la descalificación. Se cuestiona la metodología, se niega la caracterización del problema, se acusa incluso a los organismos internacionales de actuar con sesgo político. Pero en medio de ese debate, hay algo que se pierde: el rostro de las víctimas.

Porque mientras se discute si el término es correcto o si la cifra es precisa, hay madres que escarban la tierra con sus propias manos. Hay colectivos que recorren el país ante la ausencia de una respuesta institucional eficaz. Hay familias que llevan años tocando puertas sin encontrar justicia. Y hay una cifra que resulta particularmente devastadora: apenas 3,869 investigaciones para más de 133 mil personas desaparecidas.

Eso no es un rezago. Es abandono.
Frente a ello, los organismos internacionales no son adversarios: son aliados potenciales en la búsqueda de verdad y justicia. Su intervención no sustituye al Estado, pero sí evidencia sus límites. Y, sobre todo, recuerda que este no es un problema político, sino profundamente humano.

México necesita menos defensas discursivas y más reconocimiento de la realidad. Necesita escuchar a las víctimas, fortalecer a las instituciones de búsqueda, profesionalizar las fiscalías y asumir que la magnitud del problema exige cooperación, no confrontación.

Porque en un país donde desaparecen las personas, lo mínimo que no debería desaparecer es la empatía. Y hoy, esa también parece estar en riesgo.