La inteligencia artificial comenzó a formar parte de nuestra vida cotidiana con una velocidad que pocas tecnologías habían conseguido. La pregunta no es qué tan lejos llegará, sino qué ocurrirá con nosotros cuando esto suceda. Para quienes estamos vinculados con el Derecho, la pregunta tiene una dimensión mayor porque el Derecho parte de hechos, durante mucho tiempo confiamos en determinadas evidencias porque existía una relación sencilla entre lo que veíamos y lo sucedido; una fotografía mostraba un momento, una grabación conservaba una voz y un video observaba un acontecimiento. Hoy esa relación ya no puede darse por sentada.

Una fotografía, una grabación o un video pueden ser fabricados artificialmente, una conversación puede construirse para provocar una reacción antes de que alguien pueda verificarla. El problema es que ya no podemos confiar directamente en aquello que nuestros ojos y oídos nos presentan. El Derecho tendrá que encontrar nuevas formas de determinar qué es auténtico, qué fue manipulado y quién debe responder por una falsificación. Existe algo más delicado que la posibilidad de fabricar una mentira y es la posibilidad de no poder estar seguros de la verdad.

Imaginemos una elección y en la campaña aparece un video en el que uno de los candidatos parece decir algo que provoca indignación. En horas circula por redes sociales, los medios lo discuten y el escrutinio público se transforma. Después alguien demuestra que el video fue generado artificialmente; el problema parecería resuelto, pero miles o millones de personas ya lo habrían visto, habrían formado una opinión y podrían haber tomado una decisión política a partir de él.

Imaginemos ahora un video verdadero y el candidato afirma que fue creado con inteligencia artificial. ¿Cómo demostrarlo ante una sciedad que sabe que la tecnología permite fabricar ese tipo de contenido? Es preocupante que personas puedan negar la verdad argumentando que haya sido fabricada, porque la inteligencia artificial puede crear falsedades y dudas sobre lo verdadero. Una democracia necesita además de libertad, confianza en los hechos de la conversación pública, un desafío democrático de los próximos años.

La democracia podría verse amenazada por ciudadanos que creen en una mentira y por ciudadanos que llegan a la conclusión de que no vale la pena intentar saber qué es verdad. Es necesario que el Derecho se adelante para castigar a quien utilice inteligencia artificial para cometer delitos o perjudicar a personas y construya mecanismos capaces de preservar la autenticidad de información, protección de privacidad, establezca responsabilidades y garantice que las nuevas herramientas no terminen debilitando los derechos fundamentales.

Una democracia se sostiene con leyes pero depende de la responsabilidad ciudadana para cuestionar, buscar fuentes y aceptar que una información que confirma lo que pensamos no necesariamente es verdadera. La inteligencia artificial puede hacer que la manipulación sea sofisticada, pero nuestra vulnerabilidad seguirá dependiendo de nuestra disposición a creer sin preguntar. El verdadero peligro es que la inteligencia artificial nos engañe y convenza que no hay una verdad que valga la pena buscar.

El reto para el Derecho es legislar sobre inteligencia artificial pero preservando las condiciones que hagan posible una democracia en un mundo donde la realidad puede ser editada, multiplicada y fabricada. Como ciudadanía, debemos aprender una nueva forma de ejercer nuestra libertad. Antes de compartir, verificar, antes de indignarnos, preguntar y antes de condenar, conocer. ¿Cómo vamos a saber qué es verdad? De la respuesta dependerá nuestra relación con la tecnología y la calidad de nuestra democracia.