En Coahuila, más de 800 escuelas unitarias garantizan el acceso a la educación para miles de niñas y niños, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso. Detrás de cada una de ellas hay maestras y maestros cuya vocación sostiene mucho más que un salón de clases.

En estos planteles, una sola persona suele desempeñar funciones de docente, directora, administradora e incluso encargada del mantenimiento. Además de enseñar a estudiantes de distintos grados al mismo tiempo, debe llenar reportes, atender plataformas, coordinarse con madres y padres de familia y responder a múltiples requerimientos burocráticos. Muchas de estas tareas terminan realizándose en casa, fuera de su jornada laboral y sin compensación alguna.

La realidad es contundente: mientras más responsabilidades se les asignan, menos tiempo tienen para preparar clases, innovar en su enseñanza y acompañar a sus estudiantes. A ello se suman los costos de traslado que enfrentan quienes laboran en comunidades alejadas, llegando incluso a destinar parte de su propio salario para cumplir con su labor.

No podemos seguir normalizando que quienes sostienen la educación en las regiones más apartadas trabajen en condiciones de desventaja. Si aspiramos a una educación de calidad para todas y todos, debemos comenzar por garantizar condiciones laborales dignas para quienes la hacen posible.

Por ello, es indispensable que las autoridades educativas federales y estatales revisen de manera integral la situación de las escuelas unitarias y emprendan acciones que reduzcan las cargas administrativas, fortalezcan el acompañamiento institucional y mejoren las condiciones de trabajo del personal docente.

Respaldar a las maestras y los maestros de las más de 800 escuelas unitarias de Coahuila no es una concesión; es una inversión en el futuro de nuestro estado. Porque cuando un maestro tiene que hacer el trabajo de tres, la educación termina haciendo más con menos. Y esa no debería ser la regla para quienes forman a las próximas generaciones.