La deuda pública de México alcanzó, al cierre de 2025, los 18.8 billones de pesos. Si dicho monto se dividiera entre todos los habitantes, equivaldría a más de 140,000 pesos por persona. Eso, que puede sonar muy abstracto, en realidad se traduce en experiencias vividas, sobre todo, por los que menos tienen. Pero, para entenderlo mejor es necesario conocer cómo ha evolucionado la deuda en los últimos años.

Y es que, el problema, no es únicamente el tamaño de la deuda, sino la velocidad con la que ha crecido. Hace apenas unos años, en 2018, el endeudamiento rondaba el 41% del PIB; hoy supera el 53% y continúa en ascenso. Tan sólo en 2024 la razón deuda-PIB aumentó cerca de cinco puntos. Este salto no ocurrió por una emergencia extraordinaria, sino por un déficit persistente: el gobierno gasta más de lo que ingresa y la diferencia se cubre con deuda. En términos simples, el país vive financiando el presente con recursos del futuro.

Aquí un paréntesis necesario: López Obrador —y esto se puede verificar con facilidad— faltó a la verdad como ningún otro mandatario en la historia de México. Pero, tal vez su mentira favorita fue, precisamente, aquella referida a que no se estaba contratando más deuda. Al respecto mintió hasta la saciedad. Ningún señalamiento descalificatorio hacia quien aquí escribe cambia la realidad: la deuda creció con AMLO como nunca en la historia.  

Pero la deuda no se siente en los discursos técnicos, sino en la vida cotidiana. Cuando el gobierno destina cada vez más dinero al pago de intereses, queda menos margen para invertir en aquello que mejora la calidad de vida de las personas. Las consecuencias aparecen poco a poco: hospitales sin medicamentos, escuelas deterioradas y carreteras que se desgastan sin mantenimiento.

Tomemos el caso de la salud. Entre 2018 y 2024 el gasto de bolsillo de las familias mexicanas aumentó más de 41%. Hoy un hogar promedio destina alrededor de 1,605 pesos trimestrales a pagar consultas, medicinas o tratamientos que el sistema público ya no cubre. Y no se trata sólo de un aumento menor: los llamados gastos catastróficos en salud —aquellos que superan el 30% del ingreso familiar— crecieron más de 64%. Es decir, cada vez más hogares enfrentan la disyuntiva entre curar al familiar enfermo o empobrecerse.

Algo similar ocurre con la infraestructura. Dos de cada tres kilómetros de carreteras federales presentan deterioro, el peor nivel en años. El problema no es un misterio: mantener hospitales, escuelas o caminos requiere inversión sostenida, y esa inversión compite con el pago creciente de la deuda.

Aquí aparece una pregunta incómoda. Endeudarse no es necesariamente malo si el dinero se utiliza para generar crecimiento futuro: infraestructura, innovación o productividad. El problema surge cuando la deuda se utiliza principalmente para cubrir gasto corriente. En ese caso, el país no está construyendo prosperidad, sino aplazando la factura.

Y esa factura siempre termina llegando. Cuando la deuda crece, sólo existen tres caminos para enfrentarla: subir impuestos, recortar gasto público o combinar ambos.

Ninguna de esas opciones es popular, pero todas tienen algo en común: terminan afectando el bienestar de los ciudadanos.
Por eso el debate sobre la deuda pública no debería limitarse a tecnicismos fiscales. La verdadera pregunta es mucho más sencilla: ¿qué tipo de país estamos financiando con ese endeudamiento? Porque cuando la deuda no se transforma en desarrollo, lo que queda no son grandes obras ni mejores servicios, sino algo mucho más cotidiano: familias pagando más por su salud, por su transporte y por su propia seguridad económica.