Ciudad de México, 13 de septiembre de 2023 – El pleno del Senado de la República de México aprobó de manera unánime una importante reforma al Código Penal Federal el día de hoy, con el objetivo de combatir la difusión de imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. La reforma establece sanciones de hasta 18 años de prisión y multas de hasta 232 mil pesos para quienes incurran en esta práctica.

Esta medida busca abordar una problemática que se ha vuelto recurrente en el país, donde funcionarios de fiscalías y medios de comunicación han difundido imágenes y videos de víctimas de feminicidios y violencia. La reforma aprobada, que ahora se turnará a la Cámara de Diputados, establece que tanto los funcionarios involucrados como los periodistas, youtubers y representantes de medios de comunicación que publiquen estas imágenes serán sujetos a las mismas sanciones.

La senadora Olga Sánchez, quien propuso la reforma al Artículo 225 del Código Penal Federal, explicó que esta enmienda tiene como objetivo proteger la dignidad y el derecho a la privacidad de las víctimas y sus familias. El Artículo 225 modificado establece sanciones para cualquier persona que difunda, entregue, revele, publique, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal que, por disposición legal, deba ser reservada.

La aprobación unánime de esta reforma representa un paso importante en la protección de los derechos de las víctimas de violencia en México y en la lucha contra la difusión irresponsable de imágenes de tragedias humanas. La sociedad y los defensores de los derechos humanos han aplaudido esta medida como un avance significativo en la promoción de la ética y la responsabilidad en la cobertura mediática de casos de violencia.

La Cámara de Diputados se espera que dé seguimiento a esta iniciativa con prontitud, y se espera que la reforma sea promulgada como ley en un futuro cercano, fortaleciendo así la protección de las víctimas y la promoción de una cobertura mediática más ética y sensible a estos casos.

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