En política, pocas cosas resultan tan eficaces como un buen nombre. “Bienestar” suena a ayuda, a justicia social, a un gobierno cercano a la gente. El problema es que, en los hechos, ese término se ha convertido en un paraguas bajo el cual se acumulan denuncias, irregularidades y sospechas que difícilmente pueden explicarse como simples errores administrativos. Cuando el discurso promete bienestar, pero la realidad arroja corrupción, lo que se erosiona no es solo un programa: es la confianza pública.

La propia Secretaría de Bienestar ha sido señalada por legisladoras por posibles delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. A esto se suman investigaciones periodísticas sobre el fondo que sustituyó al Fonden, donde se han documentado desvíos de recursos, obras inconclusas e incluso “obras fantasma” en apoyos para damnificados. Es decir, recursos destinados a quienes más lo necesitan que, en el camino, parecen perderse entre la opacidad y la discrecionalidad.

Los programas de transferencias, como pensiones y apoyos mediante tarjetas, tampoco han escapado a este patrón.

Diversos reportes apuntan a desvíos millonarios y redes de operadores que manipulan padrones o retienen recursos. Lo que debería ser un mecanismo directo de apoyo social termina convertido, en algunos casos, en un instrumento vulnerable a la intermediación corrupta que tanto se prometió erradicar.

El caso de “Alimentación para el Bienestar”, surgido tras el escándalo de Segalmex, es particularmente revelador.

Investigaciones de organizaciones civiles han señalado la posible operación de empresas fachada que habrían recibido cerca de dos mil millones de pesos, replicando esquemas ya conocidos. Cambiar el nombre no ha significado cambiar las prácticas. Más bien parece confirmar que el problema no era solo una institución, sino una forma de operar.

Tampoco escapan los proyectos educativos. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García han sido calificadas en diversos análisis como un proyecto opaco, con deficiencias en infraestructura, falta de documentos para estudiantes y condiciones laborales precarias para docentes.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado más de 66 millones de pesos por aclarar, incluyendo gastos sin documentación justificativa. Difícil hablar de bienestar cuando ni siquiera hay certeza sobre el destino de los recursos.

A nivel local, programas como “La Escuela es Nuestra” también han sido objeto de denuncias por desvíos millonarios, mientras que el Banco del Bienestar acumula decenas de expedientes por faltas administrativas graves, pérdidas superiores a mil millones de pesos y contratos sin licitación debidamente comprobada. La constante es clara: opacidad, irregularidades y una preocupante falta de rendición de cuentas.

El problema no es menor. Cuando múltiples programas, instituciones y fondos vinculados por un mismo sello repiten patrones de posible corrupción, ya no hablamos de casos aislados, sino de un diseño institucional permisivo. Y cuando eso ocurre en estructuras creadas, precisamente, para atender a los sectores más vulnerables, el daño es doble: económico y moral.

El país necesita programas sociales fuertes, bien diseñados y transparentes. Lo que no necesita es que el concepto de bienestar se convierta en sinónimo de sospecha. Porque si algo debiese ser incuestionable, es que los recursos destinados a quienes menos tienen lleguen completos, sin intermediarios y, sobre todo, sin manos indebidas en el camino.