México.- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el sistema de pensiones para que el Gobierno federal lo administre y realice aportaciones ha generado preocupación entre varios especialistas, quienes la consideran inviable y portadora de riesgos significativos para las finanzas públicas, la calificación soberana y los trabajadores.
Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), subrayó las limitaciones actuales del Gobierno en cuanto a recursos.
«Es sumamente complicado que el Gobierno intente financiar o respaldar a los trabajadores en el pago de sus pensiones porque no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo», expresó.
Díaz señaló que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, este año se asignarán 1.9 billones de pesos para pensiones contributivas y no contributivas, representando el 22% del gasto total proyectado para el año. Además, destacó el crecimiento del gasto para adultos mayores de 24 mil millones de pesos en 2013 a 465 mil millones en 2024, un aumento del 1,051% en términos reales.
El investigador advirtió sobre la preocupación de que el Gobierno administre las pensiones, ya que esto podría dar lugar a un manejo deficiente. Señaló que el Gobierno, caracterizado por su opacidad, estaría administrando más de 5.8 billones de pesos, actualmente gestionados por las Afores en más de 73 millones de cuentas.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, calificó la propuesta como arriesgada para las finanzas públicas y los trabajadores. Alertó sobre el aumento del riesgo de déficit y endeudamiento, lo que podría resultar en recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana.
Para los trabajadores, también se vislumbra un riesgo, ya que el Gobierno podría verse tentado a utilizar los fondos de las Afores para financiar sus propios proyectos, reduciendo aún más su capacidad para gastos en sectores como salud, educación e infraestructura.
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Jorge Sales Boyoli, especialista en derecho laboral, opinó que el país no está en el momento adecuado para presentar una reforma, subrayando la necesidad de un análisis cuidadoso sobre la fuente de los recursos.
La Coparmex consideró que la consolidación de la reforma de pensiones de 2020 debería preceder a la contemplación de nuevos cambios.
