Al margen de los acuerdos de representación política, la reforma electoral debe cerrarle el paso al crimen organizado y su financiamiento a políticos morenistas.

Queda claro que, desde alcaldes hasta gobernadores, el dinero sucio se enfoca al financiamiento y luego al cobro de piso en todas sus vertientes.

De 2018 a la fecha, 25 alcaldes han sido detenidos por vínculos con el crimen organizado.

De esos, ocho llegaron por Morena, cuatro por el PRI, cuatro de Movimiento Ciudadano, cuatro del PRD, tres del PAN, otros tres del PT e igual número del Verde y el resto de partidos con presencia local.

Esa es la realidad que demuestra, en el caso de Morena, la hipocresía de un partido que se comprometió a no cometer los excesos del pasado y salió peor.

Hoy sus gobernadores de estados como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Veracruz, entre otros, son señalados por vínculos con la delincuencia.

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, es tan solo una prueba de la relación con los delincuentes, a una escala menor, comparada con los presuntos nexos de gobernadores morenistas que llegaron comprometidos con la delincuencia.

Es en ese rubro donde debe enfocarse la reforma electoral o, de lo contrario, seguirá el financiamiento de campañas y las presiones de todo tipo y del narcotráfico hacia el sector político.

Y luego el cobro de los favores y los excesos que hoy han deteriorado en menos de seis años a los gobiernos morenistas.

Sí, la representación política es importante en el escenario del fortalecimiento de la democracia, pero también lo es cerrarle el paso al dinero sucio en las campañas de los políticos que hoy ensucian el país con tanta inseguridad, y donde Coahuila se encuentra al margen por voluntad, estrategia, trabajo constante y en equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.