En un país que enfrenta una crisis real de desinformación, la existencia de mecanismos institucionales para combatirla debería ser motivo de confianza. Sin embargo, el caso de Infodemia MX ha terminado por representar exactamente lo contrario: un ejemplo preocupante de cómo el poder puede apropiarse del discurso de la verdad para distorsionarlo.

Creada con el objetivo de verificar información y combatir noticias falsas, Infodemia MX opera bajo el Sistema Público de Radiodifusión. No obstante, investigaciones periodísticas han documentado que su funcionamiento dista mucho de los estándares internacionales de fact-checking. Por el contrario, se le señala por utilizar recursos públicos para desacreditar reportajes críticos del gobierno, sin presentar evidencia técnica sólida que sustente sus “desmentidos”. 

El problema no es menor. Entre 2021 y 2026, se han identificado al menos 27 contratos por adjudicación directa vinculados a este proyecto, algunos por montos de cientos de miles de pesos, lo que ha encendido alertas sobre el uso discrecional del presupuesto público. Además, existen registros de pagos significativos para la producción de contenidos, guiones y campañas digitales que, lejos de informar, parecen orientadas a defender narrativas oficiales. 

Pero más allá del dinero, el daño más grave es el de la credibilidad. El episodio reciente del video de una persona en Palacio Nacional es ilustrativo: Infodemia aseguró que el material era falso y generado con inteligencia artificial, para después verse obligada a rectificar cuando la propia autoridad confirmó su autenticidad. Este caso no fue un error aislado, sino parte de un patrón en el que la plataforma desmiente información que posteriormente coincide con datos oficiales o evidencia verificable. 

Incluso análisis independientes han advertido que Infodemia carece de una metodología transparente y depende casi exclusivamente de fuentes oficiales para validar información. Esto genera un círculo vicioso: cuando el gobierno se equivoca —o decide ocultar información—, el “verificador” institucional replica ese error y lo amplifica. 

La consecuencia es profundamente preocupante. Cuando una instancia pública que debería combatir la desinformación se convierte en una herramienta de propaganda, no solo pierde su legitimidad, sino que erosiona la confianza en todo el ecosistema informativo. Y sin confianza, no hay debate público sano posible.

México necesita urgentemente mecanismos de verificación independientes, con metodologías claras, transparencia en sus procesos y rendición de cuentas. La lucha contra la desinformación no puede ser monopolio del poder, porque entonces deja de ser lucha y se convierte en narrativa.

La pregunta que queda en el aire es tan simple como inquietante: si el verificador falla, ¿quién verifica al verificador? Y más aún, ¿qué ocurre cuando ese verificador no solo falla, sino que decide, deliberadamente, convertirse en parte del problema?