El presidente Donald Trump y su Gobierno acumulan múltiples demandas colectivas por presuntos abusos cometidos durante redadas migratorias en Estados Unidos; los afectados buscan indemnizaciones que alcanzan hasta 50 millones de dólares.
Entre los demandantes se encuentran ciudadanos y residentes legales que alegan detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a derechos constitucionales.
Leonardo García Venegas, uno de los quejosos y trabajador de la construcción en Alabama, aseguró haber sido arrestado en dos ocasiones pese a comprobar su ciudadanía.
Según su testimonio, una redada fue derribado, esposado y retenido por agentes migratorios a pesar de mostrar su identificación oficial. Su caso forma parte de una demanda colectiva por parte de 19 personas con experiencias similares.
Otra de las denuncias fue interpuesta por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, propietario de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien acusó a agentes de haberlo agredido físicamente durante una redada, a pesar de que se encontraba en recuperación tras una cirugía de corazón.
Según la querella, sufrió fracturas, lesiones graves y traumatismo craneoencefálico, además de haber sido mantenido en custodia sin recibir atención médica.
Una demanda individual, por parte de Cary López Alvarado, señaló que los agentes la detuvieron mientras se encontraba embarazada, y sostuvo que el estrés ocasionó el nacimiento prematuro de su hijo.
Abogados y activistas solicitaron que organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, investiguen los abusos y el presunto uso excesivo de la fuerza en las redadas migratorias.
