Dice nuestra presidenta: “Pongan su denuncia, para que se investigue”. Pues Ricardo Salinas Pliego le toma la palabra. Lejos de asustarse, el empresario presentó su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando el presunto acoso del que ha sido objeto desde las conferencias mañaneras, una dinámica que prevalece desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa en la actualidad.

No es ningún secreto que los titulares del Ejecutivo federal, desde 2018 a la fecha, dedican minutos valiosos todas las semanas para criticar al “Tío Richie”. Entre acusaciones mediáticas de evasión de impuestos e intimidación judicial, se ha impulsado desde la tribuna pública un discurso de odio y polarización, contribuyendo a la normalización de la burla pública desde el Ejecutivo. Basta recordar que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, promotora de la Cuarta Transformación, ha sido videograbada organizando boicots contra las empresas de Salinas Pliego.

Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, sin miedo a represalias y a cuestionar el actuar de nuestros servidores públicos. Pero cuando la libertad de expresión se ejerce desde foros públicos y posiciones de poder, es deber del funcionario hacerlo con responsabilidad, incluso cuando se tiene la razón. El fondo del asunto no es defender a una persona, sino proteger el Estado de derecho. No importa si se comulga con una corriente política u otra, de derecha o de izquierda: permitir la persecución política sienta un precedente peligroso para nuestra democracia. Hoy atacan a Ricardo Salinas; mañana puede ser cualquiera de nosotros.

Es deber de todos los ciudadanos exigir legalidad a las autoridades y, para concluir, quiero compartir una frase de Salinas Pliego, utilizada el día en que anunció la denuncia: “Porque no se puede avanzar de rodillas”.