Estados Unidos.- El martes pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una legislación que convierte el tráfico de personas en un delito grave de tercer grado, imponiendo una pena mínima de prisión de 10 años. Esta medida forma parte de un paquete de proyectos de ley fronterizos y de inmigración, reflejando la determinación del gobernador en frenar la entrada de inmigrantes indocumentados al estado.
La nueva ley, que entrará en vigor el 6 de febrero de 2024, establece un mínimo obligatorio excepcionalmente severo para quienes sean condenados por tráfico de personas. Sin embargo, existe la posibilidad de reducir la sentencia a cinco años si el presunto contrabandista coopera con las autoridades en otras investigaciones.
Además, la ley también aborda el tema del escondite de personas, aumentando la pena a cinco o diez años de prisión. Esta pena podría reducirse si la persona objeto de contrabando tiene alguna relación con el contrabandista, según lo establecido en la disposición de la legislación.
Abbott y sus partidarios republicanos han argumentado la necesidad de una mayor vigilancia fronteriza, atribuyendo el aumento de detenciones de inmigrantes indocumentados en Texas a las políticas de «frontera abierta» de la administración Biden. La promulgación de esta ley refleja la postura firme del gobernador en la protección de las fronteras del estado.
