Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma constitucional con la que se busca facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión. La propuesta se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada esta semana por el Gabinete de Seguridad, y pretende dotar al Estado mexicano de un marco legal integral y homogéneo que permita prevenir, investigar y sancionar de manera más eficaz este delito.
El documento enviado por el Ejecutivo federal subraya que la extorsión ha crecido y se ha diversificado, convirtiéndose en un instrumento de control económico y social utilizado por grupos del crimen organizado, afectando tanto a particulares como a instituciones. De acuerdo con cifras oficiales, entre 2022 y enero de 2025 se registraron más de 32 mil víctimas de este delito, con un promedio diario de casi 30 casos solo en el arranque del año, lo que representa un incremento significativo respecto al sexenio anterior.
La propuesta plantea una Ley General contra la Extorsión que unifique las definiciones, penalidades y agravantes actualmente dispersas en los códigos penales federal y estatales. Además, prevé mecanismos de coordinación interinstitucional, uso de inteligencia y tecnología, capacitación especializada para cuerpos de seguridad, medidas de protección para víctimas, y acciones concretas para frenar las extorsiones que se originan desde centros penitenciarios.
