México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este martes que su gobierno no tuvo participación alguna en la reciente decisión de Estados Unidos de renunciar a aplicar la pena de muerte a tres de los capos más reconocidos del narcotráfico mexicano: Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” y Rafael Caro Quintero.
Al ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum fue enfática al asegurar que estas determinaciones corresponden únicamente a las autoridades judiciales estadounidenses. «Es una decisión de Estados Unidos… Nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, sin importar el delito», sentenció la mandataria.
La presidenta reiteró que el gobierno mexicano mantiene una postura firme contra la pena de muerte, una posición sustentada no solo en principios éticos, sino también en lo que dicta la legislación nacional y los tratados internacionales firmados por México.
«Cuando se extradita a un delincuente o presunto delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad: no puede haber pena de muerte», señaló Sheinbaum. Además, agregó que en casos donde no hay extradición —como podría ser el de Zambada—, México siempre busca que se respete su marco legal.
Ante versiones que sugieren posibles acuerdos entre las autoridades estadounidenses y los capos para evitar la pena capital, Sheinbaum se deslindó completamente. «No tenemos ninguna información que lleve a pensar que hay un tipo de acuerdo… No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo, no lo sabemos», afirmó.
Aunque la posibilidad de colaboraciones judiciales no está descartada, la presidenta reiteró que México no forma parte de esas decisiones bilaterales específicas y que su gobierno seguirá respetando los tratados de extradición vigentes.
Cuestionada sobre si estas decisiones podrían afectar la voluntad del gobierno mexicano de seguir extraditando delincuentes de alto perfil, Sheinbaum fue clara: mientras se respeten los acuerdos de extradición y las leyes mexicanas, el proceso continuará. Dijo también que cada caso se evalúa de forma individual, y que no se trata de defender a personas específicas, sino de preservar el marco legal y los principios de justicia del país.
