México.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el nuevo registro obligatorio de líneas de telefonía celular no es un mecanismo de vigilancia masiva, sino una herramienta estratégica para frenar delitos como la extorsión y el fraude. Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el Estado no administrará las bases de datos personales, ya que la responsabilidad de resguardar y proteger dicha información recae exclusivamente en las empresas telefónicas.

La Jefa del Ejecutivo subrayó que el registro, que entró en vigor el pasado 9 de enero, no permite conocer la ubicación en tiempo real ni las actividades privadas de los usuarios. Sheinbaum precisó que la autoridad solo tendrá acceso a los datos de un titular cuando exista la comisión de un delito y una investigación formal de por medio. «Si hay un delito, las áreas de seguridad solicitan a la telefónica la información del número vinculado», explicó, ejemplificando casos de números reportados al 089 por llamadas de extorsión.

En México existen aproximadamente 158 millones de líneas activas, una cifra superior a la población total del país, lo que magnifica el reto logístico. De acuerdo con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los usuarios tienen como fecha límite el 30 de junio para registrar su línea con una identificación oficial vigente; de lo contrario, el servicio será suspendido a partir del 1 de julio. El trámite puede realizarse de forma presencial en centros de atención o mediante plataformas digitales de cada operador, donde se requerirá una fotografía para validación biométrica en la modalidad remota.

  • Periodo de registro: 9 de enero al 30 de junio de 2026.
  • Requisito: Identificación oficial vigente (e identificación biométrica/foto en digital).
  • Consecuencia por falta de registro: Suspensión definitiva de la línea.
  • Objetivo: Reducción del índice de extorsiones telefónicas.

A pesar del optimismo gubernamental, especialistas advierten que la medida tiene alcances limitados, ya que la ley no contempla el ecosistema digital como WhatsApp o redes sociales, plataformas desde las cuales también se originan llamadas y mensajes fraudulentos.