México.- En una de las declaraciones más determinantes en materia de justicia transnacional de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no emprenderá acciones legales ni atenderá solicitudes de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras no existan pruebas contundentes que sustenten los señalamientos en su contra.
Desde Palacio Nacional, la mandataria defendió el principio de soberanía y debido proceso, advirtiendo que actuar bajo presiones políticas o mediáticas vulneraría el marco constitucional mexicano.
El argumento de la reciprocidad: 36 solicitudes rechazadas
Para contextualizar la postura de su gobierno, Sheinbaum reveló un dato crítico en la relación bilateral: Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México, argumentando precisamente una «insuficiencia de pruebas».
- Defensa de la legalidad: La presidenta señaló que México debe conducirse bajo los mismos criterios jurídicos rigurosos que aplica Washington. «Así como ellos niegan peticiones bajo criterios jurídicos, nosotros nos conducimos con base en la ley», enfatizó.
- Visión de Estado: La mandataria subrayó que ni la Presidencia ni la Fiscalía General de la República (FGR) deben actuar sin elementos sólidos, calificando esta postura como una defensa necesaria del sistema penal acusatorio.
Próximo informe sobre extradiciones
Como medida de transparencia, la titular del Ejecutivo federal adelantó que la próxima semana los integrantes de su gabinete de seguridad ofrecerán un informe detallado sobre las solicitudes de detención urgente con fines de extradición realizadas por México.
Este ejercicio busca evidenciar los criterios técnicos aplicados en los procesos binacionales y contrastar el número de peticiones mexicanas que no han sido atendidas por el sistema judicial estadounidense, fortaleciendo la narrativa de una «justicia con soberanía».
Sin cambios frente a presiones externas
Respecto a la situación específica de Rocha Moya —quien ha sido vinculado en investigaciones recientes con eventos ocurridos en Sinaloa—, Sheinbaum fue clara: mientras no existan evidencias que cumplan con el estándar judicial mexicano, su administración no modificará su posición.
«Si existen evidencias suficientes dentro del marco constitucional, se procederá conforme a derecho; sin embargo, mientras no haya elementos probatorios, no cederemos a presiones», sentenció.
