Tlalnepantla.- Después de una extensa audiencia que se prolongó durante 16 horas, una juez de control tomó la decisión de imputar a proceso a seis empleados del bar Black Royce por el homicidio del empresario Iñigo Arenas Saiz. Entre los implicados se encontraban cuatro damas de compañía, un mesero y un miembro de seguridad.
A las 0:50 horas de hoy, la juez concluyó que existían pruebas suficientes para vincular a proceso a los siguientes individuos: Aritzi, Ana Karen, Cecilia y otra mujer identificada como Ana Karen, quienes trabajaban como damas de compañía, así como el capitán de meseros Eduardo y Carlos, encargado de la seguridad en el Black Royce. La audiencia había comenzado alrededor de las 9 de la mañana del martes 15 de agosto y se extendió hasta las 1:10 de la madrugada de este miércoles.

Después de examinar los testimonios de cerca de 20 testigos, incluyendo a los seis imputados, empleados del bar, al taxista que llevó a Iñigo Arenas del Bar República en Polanco al Black Royce en Naucalpan, a peritos, policías de investigación, al médico forense y a los informes derivados del cateo realizado en el Black Royce, así como las declaraciones de la defensa y del Ministerio Público, la juez detalló minuciosamente la cronología de los eventos relacionados con la víctima.
Durante esta detallada narración de los acontecimientos ocurridos en el Black Royce el domingo 6 de agosto, día en que Iñigo Arenas estuvo en el lugar desde las 3:11, momento en el que llegó con vida al bar, hasta las 10:35 de la mañana, cuando el Ministerio Público ordenó el levantamiento de su cuerpo, la juez documentó la participación de cada uno de los seis empleados a quienes se les atribuyó su vinculación al proceso.
Las cuatro mujeres, visiblemente afectadas y negando los hechos, escucharon la decisión de la juez de imputarlas por el homicidio de Iñigo Arenas. Junto a ellas, los dos hombres también involucrados compartieron el mismo proceso, permaneciendo juntos durante 16 horas en la sala 10 de los juzgados de control y juicio oral del Poder Judicial del Estado de México en Barrientos.
La juez estableció un plazo de investigación de dos meses, hasta el 12 de octubre próximo, para continuar con el proceso, y ordenó que la parte afectada, es decir, los familiares del empresario Iñigo Arenas, fuera notificada de esta resolución.
Paralelamente, un grupo de aproximadamente 100 mujeres, que incluía empleados y familiares de los seis detenidos, protestaron fuera de los juzgados mediante carteles y consignas en las que demandaban la liberación de sus compañeros, haciendo hincapié en que «¡Somos meseras, no somos goteras!», «¡Justicia!», «¡Libertad!» e incluso «¡Fiscalía ‘amiga’, no olvides cuando a Black venías y la cuenta tú debías!».
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Esta manifestación, que se extendió durante casi 15 horas, interrumpió intermitentemente el acceso a los juzgados y al penal de Barrientos.
Además, cerca de la medianoche, se produjeron disturbios tras la liberación y posterior re-detención de un hombre que fue ingresado nuevamente al centro penitenciario. Esto provocó que sus familiares lanzaran piedras contra las patrullas y bloquearan la calle. Estos incidentes impidieron que a la 1:05 de la madrugada los empleados y el público asistente a las audiencias abandonaran los juzgados, ya que por razones de seguridad tuvieron que permanecer en el interior.







