Puebla.- Marilyn Cote, conocida como la «falsa psiquiatra de Puebla» y recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, encabeza actualmente un grupo de oración y ofrece terapias psicológicas a otras internas, un comportamiento que, según allegados al caso, sería una estrategia para manipular su proceso legal y obtener la libertad.

Cote enfrenta múltiples procesos por usurpación de profesión, amenazas y prescripción ilegal de narcóticos.

De acuerdo con información de Milenio, las actividades de Cote dentro del reclusorio le habrían servido para ganarse la confianza de otras mujeres privadas de la libertad, creando una red de apoyo interna.

Una fuente cercana al caso advierte que este «buen comportamiento» es una artimaña de su defensa para solicitar que Marilyn Cote lleve su proceso en libertad, argumentando tanto su buena conducta como un presunto deterioro de salud por diabetes.

Te puede interesar: Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras para impulsar Hollywood

La defensa de Cote cambió ayer por sexta ocasión y busca un movimiento rápido para lograr su liberación a principios de octubre, con el fin de evitar la audiencia federal por prescripción de narcóticos programada para fines de ese mes.

La fuente también alertó sobre presiones ilegales a las víctimas del caso. «El abogado está visitando a las víctimas de manera ilegal para amenazarlas, está presionando a las víctimas», señaló, indicando que el objetivo sería que minimicen su versión de los hechos o declaren a favor de una narrativa que exalte la buena conducta de Cote.

Antes de su detención en noviembre de 2024, Marilyn Cote operaba el consultorio “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, en la Torre Médica II de Hospitales Mac Puebla, donde recetaba medicamentos psiquiátricos sin contar con título ni cédula profesional, usando credenciales falsas de universidades como Harvard y Oslo.

Cote ha sido vinculada a proceso en al menos nueve ocasiones (siete por usurpación de profesión y dos por amenazas). De ser condenada por la causa federal de prescripción ilegal de narcóticos, enfrentaría una pena de entre 10 a 12 años de prisión, sumada a hasta 6 años más por usurpación de profesión.