Nuevo León.- Dieciocho meses después de asumir el cargo, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha adquirido un predio de 17.6 hectáreas en la exclusiva zona de Mesa de la Corona, San Pedro, valorado comercialmente en más de 700 millones de pesos. El terreno, donde el Gobernador planea construir una residencia de casi 2,800 metros cuadrados, está registrado a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, una empresa liderada por el propio García y su padre, Samuel García Mascorro. Documentos oficiales muestran que el 18 de abril de 2023, la empresa pagó 9 millones de pesos por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), indicando un valor catastral del predio de al menos 300 millones de pesos, aunque especialistas en bienes raíces sugieren un valor comercial mucho más alto.
El proyecto de construcción ha avanzado rápidamente, con la solicitud de impacto ambiental aprobada en tiempo récord por el Estado. Apenas el 4 de marzo, García Mascorro presentó la solicitud, y en un plazo de 15 días naturales, Eduardo Villanueva Garza, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Integral del Aire, Agua y Biodiversidad, otorgó una autorización condicionada. La autorización incluye la construcción de una megacasa de 2,775 metros cuadrados y una vialidad de 10,317 metros cuadrados, impactando un área total de 13,091.78 metros cuadrados. El permiso ambiental, con una vigencia de 20 meses y posibilidad de prórroga, ha generado críticas debido a su rápida aprobación y a las implicaciones ambientales y de riesgo geológico.
Esta adquisición ha despertado sospechas y denuncias de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. En su declaración patrimonial del año pasado, García no reportó esta propiedad, lo que ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia de sus transacciones. Además, empresas relacionadas con García y su padre han sido señaladas por un crecimiento del 800% en sus dos años y medio de gobierno, con el 60% de sus ingresos provenientes de proveedores del Estado. Representantes del PRI, PAN y PRD han denunciado que estas operaciones sugieren posibles casos de peculado y han exigido una investigación exhaustiva para esclarecer la situación.
