El uso intensivo de teléfonos inteligentes y redes sociales se ha convertido en uno de los principales retos para la salud pública y la educación. En Saltillo, Coahuila, este fenómeno exige respuestas coordinadas entre autoridades, escuelas y familias. Diversos estudios internacionales han asociado el uso problemático de redes sociales con síntomas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, disminución del rendimiento escolar y aislamiento social, aunque la relación no implica que las redes sean la única causa de estos problemas. Por ello, las políticas públicas deben orientarse tanto a la prevención como a la detección temprana y la atención oportuna. Otros riesgos comprobados son: el riego de trafico sexual de niños y adolescentes; el reclutamiento de niños y adolescentes para grupo criminales. Tráfico de órganos. Estafas como secuestros virtuales y vulneración a la intimidad de cada persona. Fraudes. Suplantación de personalidad. Involucramiento en hechos delictivos. Y otros riesgos con la persona, sus bienes e integridad física.
El gobierno estatal y municipal pueden fortalecer programas de educación digital, incorporar tamizajes de salud mental en escuelas, ampliar la cobertura de atención psicológica para adolescentes y capacitar a docentes para identificar señales de riesgo. Asimismo, resulta conveniente promover campañas permanentes de alfabetización digital, regulación del uso de dispositivos en los planteles educativos y espacios seguros para la convivencia presencial. Las familias también desempeñan un papel central. Establecer horarios libres de pantallas, evitar el uso de teléfonos durante las comidas, fomentar el deporte, la lectura y las actividades culturales, así como mantener una comunicación abierta con los hijos, son estrategias respaldadas por la evidencia para reducir el riesgo de uso problemático de la tecnología.
No toda interacción en redes sociales es perjudicial. Estas plataformas también ofrecen oportunidades de aprendizaje, socialización y acceso a información. El objetivo no debe ser prohibirlas, sino desarrollar competencias para utilizarlas de manera crítica, equilibrada y segura. Desde una perspectiva de política pública, Saltillo podría impulsar un observatorio local sobre salud mental adolescente, integrar campañas preventivas entre los sectores salud, educación y desarrollo social, y fortalecer los mecanismos de referencia hacia servicios especializados cuando existan indicadores de riesgo. Además, sería pertinente promover investigaciones regionales que permitan medir el impacto específico del uso intensivo de redes sociales en la población juvenil de Coahuila y evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas. Legislar sobre el tema es primordial e irrenunciable, se debe debatir con profundidad y apoyados de expertos en las materias afines para que se puede construir un marco legal que permita prevenir y reaccionar ante este fenómeno social y mundial. Observar las experiencias que ya algunos países y ciudades han establecido en el tema y aplicar la gobernanza adecuada que nos permita tener capacidad de prevención y auxilio en estos casos. La prevención requiere corresponsabilidad. Ninguna estrategia aislada resolverá el problema. La coordinación entre autoridades, instituciones educativas, profesionales de la salud y familias ofrece mayores posibilidades de proteger el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, promoviendo un uso saludable de la tecnología sin renunciar a sus beneficios.
