México.- Representantes de la 4T han iniciado una campaña para destituir a la presidenta de la Corte, Ministra Norma Piña, en medio del debate sobre la reforma al Poder Judicial promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Ministra Yasmín Esquivel, alineada con la 4T, solicitó en una sesión privada del pleno de la Suprema Corte la renuncia de Norma Piña, argumentando que Piña no ha logrado una adecuada comunicación con los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo. Esquivel sostiene que, para evitar una reforma judicial radical, Piña debería hacerse a un lado y permitir que otro interlocutor negocie con el Parlamento.
Aunque la intervención de Esquivel no fue respaldada por otros ministros, aumentó la tensión en las ya complejas relaciones dentro de la Corte. Solo una ministra presente pidió cesar las «disputas palaciegas».
Para destituir a Norma Piña, se requieren al menos ocho votos de los ministros de la Corte. Esquivel pidió que Piña renuncie sin necesidad de una votación.
Cuando Norma Piña fue elegida en enero de 2023, el voto de Esquivel fue decisivo para su elección como presidenta de la Corte. Ahora, Esquivel le ha pedido que renuncie.
Horas antes, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado, culpó a Norma Piña de la «rispidez» y el conflicto entre los Poderes de la Unión, alineándose con el reclamo de Esquivel.
Corte ordena detener amparos sobre prisión preventiva oficiosa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los juzgados y tribunales federales de todo el país abstenerse de resolver amparos que cuestionen la figura de la prisión preventiva oficiosa mientras se establece un criterio definitivo sobre el tema.
En una sesión privada, por cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Corte aprobó un Acuerdo General propuesto por la presidenta Norma Piña, a petición de varios magistrados de tribunales colegiados donde se están emitiendo resoluciones contradictorias.
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La Corte suele emitir este tipo de acuerdos, usualmente por unanimidad, para evitar que juzgados y tribunales sigan emitiendo fallos opuestos mientras los ministros aclaran el criterio que debe prevalecer.
El Gobierno federal ha advertido repetidamente a la Corte sobre una posible sentencia que podría ordenar la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, como lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023.
