Saltillo.- El Poder Judicial del Estado de Coahuila expresó su solidaridad con el Poder Judicial de la Federación, en atención a las iniciativas del Poder Legislativo Federal que ponen en riesgo su independencia y autonomía judicial.

En un escrito, dado a conocer durante el jueves y que fue firmado por el total de los integrantes del Consejo de Judicatura del Estado de Coahuila, los magistrados y jueces, rechazan la eventual aprobación de la iniciativa de reforma con los que se pretende extinguir diversos fideicomisos que generan sustentabilidad financiera a prestaciones de ley de servidores públicos de todos los niveles, así como fortaleza de la infraestructura y modernización de la administración de la Justicia Federal.

A través de un comunicado, señalaron que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de la división de poderes, como un mecanismo de las democracias para asegurar el correcto ejercicio de sus atribuciones, en beneficio de la ciudadanía.

Por lo que reconocen la importancia para la gobernabilidad y paz social de los poderes judiciales, que resuelven anualmente más de 3 millones de asuntos sobre la familia, patrimonio, trabajo, libertad y seguridad de las personas.

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Agrega el comunicado, que diversos proyectos legislativos han impuesto nuevas responsabilidades a los poderes judiciales, sin otorgar recursos financieros para su implementación como lo son la operatividad de la Reforma en Justicia Laboral y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en junio pasado, por mencionar solo algunas de las competencias asumidas, por lo cual manifiestan también la urgencia de la creación de fondos federales para la impartición de justicia local, que significan la atención del 80 por ciento de los asuntos judiciales en el país.

El Poder Judicial de Coahuila, exhortó al Congreso de la Unión, y en general, a la opinión pública, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el cumplimiento incondicional de las disposiciones constitucionales que obligan al Estado Mexicano a salvaguardar la independencia judicial.