Ciudad de México.- La confrontación entre empresarios gasolineros y el Gobierno Federal sumó un nuevo episodio luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, desmintiera las acusaciones de exclusión en las negociaciones sobre el control de precios. A través de redes sociales, el funcionario aseguró que el diálogo con el sector ha sido constante y abierto, calificando las mesas de trabajo como un ejercicio de comunicación sin precedentes. Sus declaraciones responden a inconformidades de empresarios que afirmaban no haber sido considerados en los acuerdos que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2026.
De acuerdo con lo expuesto por Escalante, representantes del gremio han sostenido al menos cuatro encuentros directos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de participar en reuniones interinstitucionales dentro de la Secretaría de Energía y la propia Profeco. El procurador enfatizó que temas clave como los márgenes de ganancia fueron discutidos con todos los actores involucrados, incluidos importadores. Sin embargo, persisten dudas entre propietarios de estaciones sobre la implementación técnica de las medidas, particularmente en torno a la eliminación de comisiones por pagos con tarjeta y la reducción en vales, lo que —advierten— podría impactar sus ingresos.
En medio de la tensión, la Profeco también rechazó señalamientos de hostigamiento derivados de operativos y la colocación de lonas en estaciones con precios elevados. Escalante defendió estas acciones como parte de la labor institucional para orientar a los consumidores, asegurando que no constituyen intimidación. Según datos recientes, alrededor del 70 por ciento de las gasolineras ya se apegan a los precios considerados justos, mientras que las verificaciones continúan en el resto. A días de que entren en vigor las nuevas disposiciones, el sector se mantiene en incertidumbre, ante la posibilidad de afectaciones operativas si no se aclaran los lineamientos pendientes.
